La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que envíe al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

Según fuentes jurídicas, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares que lidera el PP han pedido al magistrado que encarcele a Ábalos sin posibilidad de eludir la prisión con una fianza. De ser así, se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión provisional.

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Fueron precisamente Fiscalía y las acusaciones quienes interesaron a Puente que celebrara una vistilla para revisar las medidas cautelares que pesaban contra Ábalos y su exasesor ministerial, Koldo García: prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencia cada quince días en sede judicial.

A lo largo de las pesquisas, el instructor ha revisado varias veces las medidas vigentes. Hasta este momento, Fiscalía había evitado pedir prisión, mientras que las acusaciones lo hicieron por primera vez en la vistilla de hace apenas un mes. En las anteriores ocasiones, el magistrado ha seguido la línea marcada por Anticorrupción. Ahora, tendrá que analizar el nuevo escenario.

A un paso de juicio

Fue el pasado 3 de noviembre cuando Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión –vinculada al empresario– contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19.

La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también interesa una multa de unos 3,9 millones de euros.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que Fiscalía más otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.

Además, tanto Fiscalía como acusaciones piden 7 años de prisión para Aldama, atenuando la pena propuesta por su «confesión», que sirvió para destapar la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como cabecilla al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.