El Tribunal Constitucional ha avalado este martes avalar el delito de malversación que pesa sobre los dirigentes del ‹procés› catalán, entre los que figura Carles Puigdemont. Así, han reclamado al Tribunal Supremo la aplicación de la amnistía y han dado luz verde para que el presidente catalán pueda volver a España tras años en el extranjero. Esta vez sin tener que esconderse y con el amparo de la justicia tras años de proceso judicial. 

Sin orden de captura para Puigdemont

De esta forma, el magistrado Pablo Llarena ha dejado «sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa» la orden de busca y captura que pesaba sobre el expresidente catalán y también sobre Antoni Comín y Lluís Puig. También se ha amnistiado a Dolors Bassa por el delito de malversación por el que fue condenada. 

Para el Constitucional no existe «riesgo de secesión territorial de Cataluña», por lo que «no es conciliable con los presupuestos fácticos de la sentencia que condenó» a Bassa. Esta decisión llega además en un momento de máxima tensión a nivel político tras la confirmación de que las elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre. Aunque Puigdemont tenga luz verde, Miriam Nogueras se ha postulado ya como la cabeza de cartel de Junts.

Algunos jueces muestran sus discrepancias

Por otro lado, los magistrados más conservadores han condenado esta sentencia: «Los motivos de la discrepancia son, en esencia, dos: por un lado, una más que preocupante (y reiterada) suplantación del rol funcional que corresponde al Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria; y, por otro, una disconformidad sustancial con el criterio metodológico empleado en la resolución de amparo», señalan.

Posible regreso a España nueve años después

Pese a todo, la decisión del TC de avalar la amnistía para la malversación puede acelerar el regreso de Puigdemont tras nueve años huido de la justicia y ha tenido lugar un día después del adelanto electoral, tras el ‘no’ de Junts a los decretos de vivienda del Gobierno. De hecho, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado la orden de detención que permanecía vigente desde la huida del expresidente catalán en octubre de 2017.