Con el anuncio de un nuevo periodo electoral, los diferentes partidos ya han empezado a mover ficha. El PSOE, por medio de Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que los dos reales decretos-ley de vivienda que fueron rechazados en el Congreso se han aprobado de nuevo e incorporarán 10.000 millones de euros en préstamos para vivienda.

El presidente del Gobierno ha explicado que esta línea de préstamos, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), está dirigida a personas y familias con ingresos, pero sin ahorros suficientes para afrontar la entrada de una hipoteca. La medida tendrá carácter intergeneracional, es decir, no estará limitada únicamente a los jóvenes, sino que también podrán acceder a ella personas de mayor edad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pedro Sánchez reconoció que el segundo decreto, que regula la prórroga automática de los contratos de alquiler, no cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria, por lo que no podrá entrar en vigor hasta ser convalidado por la Diputación Permanente. Una posibilidad que, a priori, parece improbable debido al rechazo de Junts y del PNV.

Los decretos aprobados este martes «mantienen la esencia» de los que decayeron el pasado viernes, aunque incorporan algunos cambios y nuevas medidas. Sánchez ha señalado que la decisión de volver a aprobarlos responde a que las «circunstancias que los hacían imprescindibles no han cambiado». Además, ha defendido que incluyen «medidas de puro sentido común, de humildad» y que permiten hacer frente a los fondos buitre.

Los dos decretos incluyen 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra de vivienda asequible, aumentar la oferta, proporcionar mayor tranquilidad y estabilidad a la población y combatir la especulación inmobiliaria. Otra de las novedades es la creación de un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. Esta financiación permitirá promover miles de viviendas con impacto social.

Definición ampliada de los fondos buitre

El nuevo texto endurece las condiciones para la adquisición de vivienda por parte de los fondos buitre, ampliando su definición y las condiciones que se aplican a este tipo de operaciones.

En cuanto a la protección de los inquilinos, se regula de forma más precisa la publicidad, promoción y oferta de viviendas en alquiler, que deberá incluir un índice de referencia. También se establece un límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal

Otra vez a votación en el Parlamento del Congreso

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, los decretos tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, una especie de Cámara Baja reducida que funciona una vez disuelto el Parlamento tras la convocatoria electoral.

Este órgano está compuesto por un total de 69 diputados de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno, la suma de PP, Vox y Junts —partidos que votaron en contra del primero de los decretos— no representa una mayoría absoluta.

En concreto, de los 69 diputados que integran la Diputación Permanente, el bloque que apoyó el decreto de medidas de vivienda cuenta con una mayoría de 35 escaños, formada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 diputados de PP, Vox y Junts.

No obstante, el segundo de estos decretos, que regula la renovación automática de los contratos de alquiler, tampoco obtendría una mayoría suficiente en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV. En este caso, recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra.

De ser así, el decreto nunca entraría en vigor pese a haber sido aprobado por el Gobierno, ya que se ha introducido la salvedad de que solo surtirá efecto si es convalidado por este órgano.