La Comisión Europea ha abierto la puerta a permitir una producción limitada de vehículos con motor de combustión más allá de 2035, una decisión que supone un duro golpe político y estratégico para el Gobierno de Pedro Sánchez, uno de los más firmes defensores en la Unión Europea del fin total del coche de gasolina y diésel en esa fecha.
La propuesta comunitaria, que aún deberá ser negociada por el Parlamento Europeo y los Estados miembro, introduce una flexibilización significativa del calendario verde impulsado en los últimos años por Bruselas y abrazado con entusiasmo por el Ejecutivo español.
Frente a la prohibición total pactada inicialmente, la Comisión plantea ahora que hasta un 10 % de las emisiones del parque automovilístico pueda proceder de vehículos de combustión, siempre que se compensen mediante tecnologías menos contaminantes o procesos industriales sostenibles.
Este giro evidencia las dificultades reales para imponer una transición acelerada al vehículo eléctrico, una apuesta que el Gobierno de Sánchez ha defendido de forma casi dogmática, tanto en el plano legislativo como en su discurso político, sin apenas margen para tecnologías intermedias ni para las particularidades industriales de cada país.
Un revés para el Gobierno
Desde Moncloa y el Ministerio para la Transición Ecológica se ha sostenido reiteradamente que el horizonte de 2035 era “inamovible” y que España debía situarse a la vanguardia del abandono del motor de combustión. Sin embargo, la propia Comisión Europea reconoce ahora que el mercado, la industria y los consumidores no avanzan al ritmo previsto, y que una prohibición absoluta podría tener consecuencias económicas y sociales indeseadas.
La propuesta comunitaria llega tras meses de presión por parte de fabricantes y varios Estados miembro que advertían del riesgo de deslocalización industrial, pérdida de competitividad y dependencia tecnológica de terceros países, especialmente de China, en el suministro de baterías y vehículos eléctricos.
En este contexto, el viraje de Bruselas deja al Gobierno español desalineado de la nueva realidad europea, tras haber impulsado regulaciones internas, planes de movilidad urbana y mensajes políticos basados en un escenario que ahora se revela más matizado.