La Federación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua), ha denunciado a Isla Mágica y a otros tres parques temáticos ante el Ministerio de Consumo por impedir que los visitantes accedan al parque con comida y bebida del exterior, una práctica que la asociación considera abusiva y contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La organización solicita la apertura de un expediente sancionador contra el parque sevillano, al que acusa de obligar a los usuarios a consumir en sus establecimientos internos a precios considerablemente superiores. Según Facua, esta prohibición no tiene justificación objetiva y responde únicamente al interés económico de los gestores del recinto.
«Los parques no son restaurantes», ha subrayado Rubén Sánchez, secretario general de Facua, quien denuncia que los visitantes adquieren su entrada con el objetivo de disfrutar de las atracciones, no para consumir dentro. «No hay ninguna causa objetiva que justifique que nos impidan entrar con comida y bebida de fuera. Por eso hemos denunciado a Isla Mágica, entre otros, y pedimos una multa proporcional al beneficio ilícito que están obteniendo», ha añadido.
Vulneración de artículos
La asociación advierte que este tipo de restricciones vulneran varios artículos del Real Decreto Legislativo 1/2007, al imponer servicios no contratados y limitar de forma desproporcionada los derechos del consumidor. Además, recalca que permitir el consumo de alimentos comprados dentro del recinto pero vetar los traídos de fuera desmonta los argumentos de seguridad o higiene alimentaria que algunos parques esgrimen.
La denuncia también incluye a otros parques como Parque Warner, Port Aventura y Terra Mítica, aunque en Sevilla la atención recae especialmente sobre Isla Mágica, por su cercanía e impacto en el público local.
Facua ha comparado esta situación con la de grandes parques europeos como Disneyland París, Europa-Park o el Tivoli Gardens de Dinamarca, donde sí se permite el acceso con alimentos y bebidas del exterior, sin que ello suponga ningún problema de seguridad ni higiene.
La asociación recuerda que prácticas similares ya fueron consideradas abusivas por organismos como la Agencia Española de Consumo y por sentencias judiciales en el caso de salas de cine. Facua insiste en que esta limitación impone un sobrecoste injustificado a las familias y supone una restricción ilegal del derecho de admisión.
Imagen: Facua
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