Facua Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que aclare «si los fallos y falta de información» se ha detectado «únicamente» en el programa del cáncer de mama o si estos errores se han podido producir también en otros programas de prevención o pruebas diagnósticas relacionadas con otros tipos de cáncer. Bajo este contexto, la federación ha calificado lo ocurrido como «el mayor escándalo» de la sanidad pública andaluza «de toda la democracia».
En una nota, la entidad ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que «sea consecuente» y cese de su puesto a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras confirmarse que ha habido de «una gestión negligente e irresponsable que ha puesto en entredicho la salud de muchas usuarias» del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha demandado.
Asimismo, ha señalado que la Junta ha reconocido este jueves que son 2.000 las mujeres con un diagnóstico previo no concluyente de cáncer de mama pendientes de que las llamen para confirmar o descartar la enfermedad.
Además, Facua ha criticado que «no es de recibo» que se mantenga en el cargo la responsable de un área que, «lejos de reconocer los errores y abordar el problema con transparencia y garantías, llegó a decir que se trataba de un escenario puntual en el que había afectados dos o tres casos». «Es más, pidió dejar la manipulación del sistema público de salud tras escuchar el testimonio de una de las mujeres afectadas a las que el diagnóstico de cáncer le llegó dos años después», ha añadido.
Reparación a las víctimas
Facua Andalucía ha pedido al Gobierno andaluz que sea «transparente» y que aclare si este problema está delimitado al programa de detección del cáncer de mama o si también se ha podido producir en otros programas de prevención como el cribado de cáncer colorrectal o el de detección de cáncer de cuello de útero.
En este sentido, la entidad ha criticado que este «grave error» ha generado en todos los usuarios del SAS, y especialmente en las mujeres, «miedo y desconfianza sobre un sistema de notificaciones que no ha funcionado, llegando a poner en peligro la vida de muchas de ellas».
Por ello, la federación ha exigido una «respuesta rápida y contundente» por parte de la administración para que las personas afectadas por esta falta de información puedan ser tratadas y estudiadas a la mayor brevedad posible.
Del mismo modo, ha demandado que se comunique «de manera transparente» los cambios que se van a implementar en el sistema para garantizar que las usuarias del servicio sanitario reciban en plazo tanto los resultados como las indicaciones de actuación correspondientes. Además, ha instado a la Junta a habilitar «un procedimiento extraordinario de reparación a las víctimas, con cauces específicos de reclamación patrimonial y apoyo jurídico y psicológico».