La Fiscalía de Málaga ha solicitado cinco años y medio de prisión para José María García Urbano, alcalde de Estepona, por presuntos delitos de malversación y prevaricación relacionados con la contratación de una funcionaria eventual. El ministerio público pide además diez años de inhabilitación especial para empleo público.
Petición de apertura de juicio oral
Según el escrito de conclusiones iniciales, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra el regidor. El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha dado traslado del escrito a las defensas para que presenten sus conclusiones. La providencia judicial se dictó esta semana tras recibir el escrito del fiscal.
El ministerio público pide la apertura de juicio oral por la contratación de una funcionaria eventual durante 46 días en 2023
La acusación se refiere a un decreto de febrero de 2023 mediante el cual se contrató a una persona como personal eventual adscrita al Área de Control Externo del Ayuntamiento. Según el escrito del fiscal, esta persona percibió una nómina de 1.634,64 euros correspondiente a febrero y otra de 3.642,28 euros en marzo.
El cargo cesó mediante decreto en marzo de 2023. El ministerio público sostiene que la contratación se realizó sin que se llegara a desempeñar actividad laboral alguna, lo que habría causado un perjuicio al patrimonio municipal.
Intento de devolución de las cantidades
Consta en el procedimiento una instancia presentada ante el Ayuntamiento en noviembre de 2025, acompañada de un cheque bancario por importe de 5.276,92 euros a favor del Consistorio. Esta cantidad corresponde a las retribuciones percibidas durante los dos meses de contratación.
La Fiscalía señala que no consta que el importe haya sido ingresado de manera efectiva. En caso de no estar acreditado el ingreso, solicita como responsabilidad civil que se indemnice al Ayuntamiento con esta cantidad. Los abogados del regidor han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial solicitando el archivo de la causa. Argumentan que no existen indicios delictivos en la contratación de esta persona como cargo de confianza durante 46 días.
La defensa sostiene que el auto de transformación del procedimiento del 4 de diciembre utiliza declaraciones que carecen de validez. Señalan que la persona investigada declaró inicialmente como testigo, pero posteriormente, al ser citada como investigada, se acogió a su derecho a no declarar sin ratificar sus manifestaciones previas.
Antecedentes del procedimiento
Según la defensa, esta misma persona prestó declaraciones en otro procedimiento que fue archivado de forma firme por la Audiencia Provincial. Los abogados argumentan que las declaraciones iniciales no pueden ser consideradas válidas al no haber sido ratificadas cuando tuvo la condición de investigada.
El recurso de apelación presentado por la defensa ante la Audiencia Provincial está pendiente de resolución. Una vez que el juzgado reciba las conclusiones de todas las partes, se decidirá sobre la apertura o no del juicio oral. El caso se encuentra en fase de instrucción y las peticiones de la Fiscalía tienen carácter provisional hasta que se resuelva el recurso y se celebre, en su caso, el juicio.
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