El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha intervenido en la apertura del año judicial, que se ha celebrado en el Tribunal Supremo (TS), mostrándose consciente de que la misma se produce este año en «singulares circunstancias» por su «situación procesal», si bien ha reivindicado su estatus, ratificado su confianza en la Justicia y avisado de que la institución «no sucumbe a los ataques de los delincuentes».
Su discurso ha sido recibido por un Salón de Plenos que se ha dividido entre asistentes que aplaudían y asistentes que no. Se ha tratado de un hecho insólito, toda vez que las intervenciones del fiscal general en la apertura del año judicial no se suelen aplaudir.
La mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha formado parte del grupo que ha optado por no aplaudir, al igual que varios magistrados progresistas presentes.
«Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí -en mi condición de Fiscal General del Estado- en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. En este acto solemne y reglado presidido por el Jefe del Estado. Y participar como dispone la Ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España», ha arrancado García Ortiz.
El jefe del Ministerio Público ha asegurado que es «plenamente consciente» de las «singulares circunstancias» de su intervención como consecuencia de su «situación procesal», ya que se encuentra a un paso de ser juzgado en el Supremo por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Esto ha provocado que en el mundo judicial llegara a sopesarse alguna muestra pública de rechazo pero finalmente se descartó cualquier boicot. No obstante, las asociaciones APM, AF y APIF le instaron a no acudir, mientras que vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidieron a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que le trasladase la «inconveniencia» de su intervención. Por contra, el bloque progresista del CGPJ defendió que la ley exige su presencia.
«Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad», ha replicado.
Al hilo, ha hecho «un humilde llamamiento» para «reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española» y «al trabajo de todos los fiscales», aseverando que se trata de una «institución fuerte», «sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley». «Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes», ha enfatizado.
Reformas
Tras hacer referencia a su situación procesal, García Ortiz se ha dedicado de lleno a exponer la Memoria Anual de la Fiscalía relativa a 2024. Y ha hecho un repaso de cifras y estadísticas que considera «fundamentales» para comprender «el ingente trabajo» del Ministerio Público, de los tribunales «y de la justicia en general», con especial hincapié en materia de violencia de género, menores migrantes no acompañados y los incendios.
Con todo, ha dedicado parte de su discurso a celebrar «las iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española». «También los tan reclamados y ansiados proyectos que se encuentran en ciernes», ha dicho.
«Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio nunca habrá un momento adecuado. Se escudarán en circunstancias puntuales o contingentes, que lo que demuestran es precisamente la necesidad de un replanteamiento del sistema en su globalidad», ha añadido, aludiendo a la oposición que han generado las reformas anunciadas por el Gobierno.
A su vez, ha reivindicado la «cristalización» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que buscar dejar las investigaciones penales que hoy dirigen los jueces de instrucción en manos de los fiscales. «Ese cambio legal precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española. Naturalmente que sí. Especialmente en los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias», ha dicho.
En este sentido, ha asegurado que para ello será preciso «establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general». «Restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente», ha reconocido, refiriéndose así a una de las principales quejas de los detractores de dichas reformas.
García Ortiz ha defendido al Ministerio Público como institución y ha señalado que «lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de derecho».
«Lo hemos demostrado ya en el procedimiento de menores. Lo hacemos todos los días con nuestras diligencias de investigación, incluso en los casos más complejos que después llegan a los tribunales de justicia. Y dirigiremos la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial», ha apuntado.
Corrupción
Al margen, ha defendido también «la amplia actividad desplegada en la lucha contra la corrupción y la diligencia organizada», así como la creación de dos nuevas Unidades especializadas para «fortalecer» la respuesta a dichas actividades delictivas: la Unidad de Delitos Económicos y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
En este punto, ha destacado que «la estrecha relación entre ambos fenómenos que, a su vez, se retroalimentan mutuamente». Según ha dicho, «la corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores, no siendo ajeno a esta situación ningún sector de la sociedad».
Por su parte, ha señalado que «la delincuencia organizada utiliza la corrupción para alcanzar sus objetivos y mantener su impunidad, lo que conlleva discriminación, insolidaridad y arbitrariedad, y con ello un grave deterioro de la relación entre la ciudadanía, el ordenamiento jurídico y las instituciones públicas».
Menores migrantes
Durante su discurso, también ha puesto el foco en «el incremento de llegadas de migrantes por vía marítima iniciado en 2023, especialmente en las Islas Canarias». Y ha abogado por «coordinar las investigaciones relacionadas con la inmigración ilegal, que además revisten gran complejidad por su vinculación con la delincuencia organizada trasnacional».
Ha recordado que «la Unidad de Trata y Extranjería no solo trabaja en la persecución de las conductas de tráfico ilícito, sino también en velar por la garantía de los derechos de los migrantes en los centros de acogida, de internamiento y en las salas de inadmitidos de los aeropuertos».
A su vez, ha subrayado la «especial relevancia» que merecen «todas las cuestiones surgidas por el aumento progresivo de niños y niñas que, sin acompañamiento familiar, estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también políticos, se encuentran solos frente a un mundo extraño y requieren una atención especial».
«La respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de todos nosotros hará el futuro», ha manifestado, para luego incidir en que «la dignidad del ser humano y el superior interés del menor son valores constitucionales que nos definen como sociedad democrática».
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