El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han iniciado un proceso de diálogo institucional para intentar resolver las diferencias surgidas en torno a la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía. El objetivo de esta vía de negociación es evitar que el conflicto termine en un recurso ante el Tribunal Constitucional, después de que el Ejecutivo central haya señalado discrepancias en hasta 16 artículos y una disposición final de la norma.
Las diferencias se han identificado en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias, dependiente de la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones. El acuerdo fue fechado el 23 de marzo y publicado el 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la firma del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y del consejero andaluz competente.
Fuerte división política
La norma fue aprobada en el Parlamento andaluz el pasado 2 de diciembre de 2025 con los votos del Grupo Popular, mientras que contó con el rechazo de Vox y de los grupos de la oposición de izquierda. Esta división política ya anticipaba un texto que ha generado debate tanto en el ámbito autonómico como en el estatal por el alcance de algunas de sus disposiciones en materia de vivienda.
El Gobierno central ha expresado su desacuerdo con artículos que afectan a aspectos clave de la regulación de la vivienda en Andalucía. Entre ellos se encuentran definiciones sobre tipos de vivienda, mecanismos de colaboración público-privada para vivienda protegida o asequible, usos del suelo de equipamiento comunitario, así como cuestiones relacionadas con el Libro del Edificio y el Manual del Usuario.
Discrepancias sobre VPO y registro de agentes inmobiliarios
Otra parte importante de las diferencias se centra en el régimen de vivienda protegida y en la creación y funcionamiento del Registro de Agentes Inmobiliarios Especializados del Sector Residencial de Andalucía. El Ejecutivo central cuestiona artículos relacionados con la inscripción en este registro, así como con la promoción, calificación y gestión de viviendas protegidas en la comunidad autónoma.
También se incluyen puntos relacionados con la gestión del parque público de vivienda, los procedimientos de concesión para construir o administrar viviendas públicas y distintas fórmulas de cesión como el derecho de superficie o el usufructo. Además, se analiza la disposición final tercera, que modifica normativa anterior sobre viviendas protegidas y su proceso de adjudicación.
Un grupo de trabajo para evitar el recurso al Tribunal Constitucional
Como parte del acuerdo, ambas administraciones han decidido constituir un grupo de trabajo encargado de buscar una solución consensuada a las discrepancias detectadas. Este equipo deberá elevar propuestas a la subcomisión bilateral con el fin de ajustar el contenido de la ley o aclarar su aplicación para evitar el conflicto constitucional.
El procedimiento se enmarca en lo previsto por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite abrir un periodo de negociación entre administraciones antes de presentar un recurso. Este mecanismo busca reducir la judicialización de los conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, dando prioridad al acuerdo político y técnico.
En caso de que las negociaciones no prosperen, el Gobierno central podría finalmente recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Por ahora, ambas partes han optado por mantener abierta la vía del diálogo, en un contexto en el que la política de vivienda sigue siendo uno de los principales focos de tensión entre administraciones en España.
Más noticias de 101TV en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es