El Ayuntamiento de Granada ha aprobado de manera inicial la nueva tasa de basuras en el pleno extraordinario de este viernes. El gobierno municipal ha recordado que esta viene «impuesta por el Gobierno de España para su cobro por parte de los municipios».
«Es un trámite esencial para el cumplimiento de la ley para el que desde Granada se ha ideado un sistema de cálculo altamente personalizado y que contempla el máximo de bonificaciones posibles con el objetivo de reducir al máximo su impacto para las familias», tal y como ha explicado el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra.
«Este equipo de gobierno va a poder amortiguar el impacto del nuevo sistema de tasas de residuos reduciendo en 1,6 millones de euros la cantidad global que deberán abonar los granadinos en 2026, ya que frente a los 25,4 millones previstos inicialmente, la ciudad recaudará finalmente 23,8 millones, lo que se traduce en un ahorro del 5,9 por ciento», ha detallado Saavedra.
Así, el modelo diseñado para la ciudad de Granada para el que comienza ahora su periodo de alegaciones «combina justicia fiscal y sostenibilidad ambiental» dentro del margen que permite la legislación estatal.
Modelo mixto
Para ello, el Ayuntamiento aplicará un modelo mixto compuesto por una cuota fija -que dependerá del uso del inmueble, su valor catastral y su superficie- y otra variable -en función de la generación de residuos en la zona más próxima al inmueble-. «Y, aunque resulta imposible conocer de manera exacta la cantidad de residuos que se generan en cada hogar, esta cuota variable de la tasa se acercará bastante a la realidad ya que la ciudad queda dividida en 400 cuadrículas de 325×325 metros que responderán según la basura que se recoja en ellas», han indicado desde el Consistorio.
Junto a esto, se han contemplado dos modalidades de tasa: una doméstica para viviendas de uso residencial y otra industrial para inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas.
«En todos los casos se han incorporado importantes bonificaciones sociales y medioambientales, como reducciones de hasta el 90 por ciento para empresas de alimentación y restauración que colaboren con entidades sociales y reduzcan residuos, del 80 por ciento para familias con rentas inferiores a 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples y del 90 por ciento para personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social», ha indicado Saavedra.
El portavoz del gobierno municipal ha criticado el voto «en contra» del grupo de Vox a esta iniciativa, tachando su actitud de «completa irresponsabilidad» y de «populismo».
«Nuevamente, Vox se equivoca de adversario y vuelve a demostrar que son el mejor aliado de Pedro Sánchez», ha afirmado. El portavoz ha remarcado que se trata de «una imposición del Gobierno de España para todos los municipios» y a la que el grupo popular se ha negado en todos los ámbitos de competencia posibles -a través de una Proposición No de Ley en el Senado y con una moción en este Ayuntamiento-.
Aún así, ha remachado el portavoz del equipo de gobierno, «Vox muestra una hipocresía absoluta criticando a este gobierno, que no tiene más remedio que cumplir con la ley» y «aplicar un ‘tasazo’ que consideramos injusto y no proporcionado».
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