El Colegio de Abogados de Granada ha activado un procedimiento interno para analizar si las críticas del letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, contra las decisiones de la jueza de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada incumplen las normas deontológicas para, en ese caso, instruir expediente disciplinario.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha recibido formalmente la denuncia de la magistrada Aurora Angulo por las manifestaciones vertidas por este letrado –del Colegio de Abogados de Madrid– en relación a su decisión de rechazar la inhibición del Juzgado de Instrucción 4 en la causa sobre el hijo menor de Juana Rivas.

Entre otras cuestiones, Aránguez acusó a la jueza de «no comprender lo que es la violencia vicaria» y de «volver a equivocarse» como ocurrió al «archivar en un cajón» la denuncia de Juana Rivas en 2016 cuando llegó de Italia «huyendo del maltrato», dando lugar con ello al llamado «caso Juana Rivas» y «desencadenando nefastas consecuencias».

Esta denuncia de la jueza activa el procedimiento establecido en el Título IV de los Estatutos del Colegio de Abogados de Granada, recayendo en la Comisión de Deontología la decisión de iniciar un periodo de información previa –en el que se dará traslado al letrado Carlos Aránguez para que haga las alegaciones oportunas–, e instruyendo posteriormente expediente disciplinario en caso de entender que hay indicios racionales de quebrantamiento de las normas deontológicas, resolviéndose según proceda.

Apoyo a los Juzgados de Violencia

Por otra parte, desde la Junta Directiva del Grupo de Violencia de Género de Colegio de Abogados de Granada han trasladado su «apoyo y reconocimiento a la labor» que desde estos Juzgados especializados se viene prestando a las víctimas.

«Desde que se crearon, hace casi veinte años, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en nuestra ciudad, las hoy magistradas titulares vienen ejerciendo dicha función al frente de dichos órganos de manera ininterrumpida. Veinte años en que juezas, fiscales y funcionarios, procuradores y sobre todo abogados, todos compañeros, hemos venido desarrollando de manera generalizada nuestras respectivas funciones de manera profesional, coherente y leal, lidiando en muchas ocasiones con las dificultades derivadas de una falta de medios profesionales y humanos que no ha sido ajena a nuestro colectivo», relatan en un comunicado.

Reconocen que las dificultades propias del ámbito en el que se desarrolla el día a día de estos Juzgados, «genera debates y decisiones que no siempre pueden contentar a todos los actuantes» pero rechazan los «linchamientos mediáticos» para tratar de influir en las resoluciones.

«Unas veces saldremos del Juzgado satisfechos con la decisión adoptada y en otras ocasiones no nos habrán gustado en absoluto, estando en nuestro derecho de calificar dicha decisión como acertada o errónea y hacer valer nuestro criterio conforme a las normas procesales que rigen el proceso, sin olvidar las normas deontológicas que rigen nuestra profesión».

Mantienen así los abogados de Granada que «el uso de los medios de comunicación y la búsqueda de juicios paralelos y linchamientos mediáticos con los que pretenden influir los operadores jurídicos alterando de manera desleal las reglas del juego son fronteras que desgraciadamente nunca deberían haberse traspasado».

Advierten así del «efecto disuasorio» que todo ello puede suponer para muchas mujeres en orden a la confianza en el sistema y la interposición de la denuncia.