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La denuncia que Juana Rivas presentó el pasado enero contra su expareja y padre de sus dos hijos, el italiano Francesco Arcuri, por presunta violencia de género vicaria ha recaído en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada, que debe notificar ahora su resolución sobre la tramitación de la causa.
Así lo ha informado el abogado de la madre de Maracena, Carlos Aránguez, en un comunicado en el que expresa su deseo de que este debate llegue al Tribunal Supremo, pues, según incide, se trata de «la primera denuncia por violencia de género vicaria internacional y sería muy interesante que se defina una línea jurisprudencial sobre esta materia».
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue formulada en forma de delito de violencia psíquica habitual y de delito de lesiones; y en ella Juana Rivas acusa a su expareja de «utilizar» a sus dos hijos y de «actuar contra ellos» para «dañarla» a lo largo de los últimos ocho años. Desde el periodo comprendido entre el 28 de agosto de 2017, cuando Rivas tuvo que entregar «forzosamente a sus hijos» a Arcuri, y hasta finales de enero, cuando –según sostienen– la seguía «acosando telefónicamente e intimidando».
En el escrito solicitan al Juzgado una orden de protección que prohíba a Arcuri acercarse o comunicarse con Rivas y sus hijos por cualquier medio. Y, entre otras cuestiones encaminadas a esclarecer los hechos, piden que se tome declaración a Arcuri como denunciado, se proceda a la exploración del hijo menor que tienen en común, Daniel, y que el Instituto de Medicina Legal elabore informe sobre las «secuelas psíquicas» que esta violencia vicaria habría provocado en Juana Rivas.
Por otra parte, el equipo jurídico afirma que hasta el día de hoy no han recibido «ninguna notificación relativa a la interposición de denuncia por un presunto delito por secuestro internacional de menores» por parte de Francesco Arcuri ni han tenido «conocimiento informal de que se haya interpuesto». «Como es obvio, si recibiéramos tan infundada denuncia, procederíamos inmediatamente a instar un procedimiento por acusación y denuncia falsa», advierten.
