La nueva tasa de basura impuesta por el Gobierno central en la Ley de Residuos que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes en España a implantar un tributo que puede oscilar entre los 120 y los 200 euros en las ciudades ya tiene un primer enemigo declarado. El ayuntamiento madrileño de Leganés, municipio al Sur de la capital con casi 200.000 habitantes, se ha declarado en rebeldía. El alcalde Miguel Ángel Recuenco (PP) apoyado por la formación independiente Unión por Leganés (ULEG) se niega a cobrar a sus ciudadanos.
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Así, mientras grandes capitales están sufriendo un quebradero de cabeza para aplicar este impuesto de una manera efectiva, en Leganés están decididos a desafiar a la Unión Europea y al propio Ejecutivo central, que es el que recibirá los requerimientos europeos. Desde el gobierno municipal de Leganés están convencidos de que los informes que han hecho desmontan jurídicamente esta tasa con la que se pretende dar un salto en cuestión de economía circular.
«Un tributo injusto»
Desde el partido Unión por Leganés pretenden están promoviendo una recogida de firmas para que se sumen incluso ciudadanos de otros municipios con el objetivo de que el Gobierno central derogue los artículos de la Ley sobre residuos y suelos contaminados por una economía circular, que son los que impelen a los ayuntamientos de todo el país a imponer, según ULEG, «una tasa de basura, tributo injusto, discriminatorio y abusivo que supone un ataque a la autonomía municipal».
Así, mientras grandes capitales están pensando en una fórmula convincente y adecuada que no reciba críticas y que cumpla con la normativa, en Leganés han decidido erigirse en ‘aldea gala’ y manifestar su total discordia. Desde la ciudad madrileña están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias al respecto.
En qué consiste la normativa
El Gobierno aprobó la ley de residuos y suelos en abril de 2022, una norma que establecía un plazo de tres años para imponer una tasa de basuras, la cual entrará en vigor en abril de 2025. Esta es una norma con origen en una directiva de 2018 y ahora, eurodiputados han explicado que imponer una tasa municipal a los ciudadanos no era la única opción para transponer la norma.
En algunos municipios el coste de esta tasa se cobraba junto al Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) pero a partir del mes de abril ya tienen la obligación de incluirlo como otro tributo municipal más. Algunas ciudades van con retraso en la aplicación.