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Investigan a 38 personas por extracción ilegal de agua en Málaga

La Guardia Civil ha destapado un amplio entramado de captaciones ilegales de agua en la provincia de Málaga, que ha dado lugar a la investigación de 36 personas físicas y dos jurídicas por presuntos delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente.

Durante una operación que se ha prolongado casi un año, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha realizado 110 inspecciones en infraestructuras de extracción y manipulación de recursos hídricos, incluyendo pozos, sondeos y balsas de acumulación. Estas actuaciones se enmarcan en una investigación dirigida por la Fiscalía de Medioambiente de Málaga y con la colaboración de la Junta de Andalucía.

En total, se investigan 20 delitos relacionados con el aprovechamiento irregular de recursos hídricos que han tenido un impacto directo en el medio ambiente. El caso más relevante afecta a una empresa de venta de materiales de construcción, cuyos responsables presuntamente extrajeron agua ilegalmente durante al menos cinco años para su distribución con cisternas a viviendas, piscinas y usos industriales. Según los cálculos de la investigación, llegaron a utilizar unas 2.400 cubas, equivalentes a unos 12 millones de litros de agua, generando beneficios superiores a los 240.000 euros.

Además de los delitos penales, la Guardia Civil ha detectado un total de 187 infracciones administrativas en materia de aguas. Entre ellas se encuentran extracciones sin autorización o por encima de los volúmenes permitidos, falta de dispositivos de medición de consumo, y el uso del recurso hídrico para fines no autorizados. También se han identificado construcciones ilegales de pozos, depósitos y balsas, así como la transformación no autorizada de terrenos de secano en regadío.

Estas prácticas se han producido en un contexto de especial gravedad debido a la prolongada sequía que afecta a la provincia, lo que ha llevado a la imposición de restricciones de agua en varias zonas. La operación ha contado con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico y de agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como con guardas fluviales.

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