La investigación sobre el incendio forestal que afectó el pasado 16 de junio al paraje de Arroyo Galapagar, en Córdoba, ya tiene una conclusión clara. Según la unidad de la Policía adscrita a la Junta de Andalucía, el fuego fue provocado por la rotura de un cable de alta tensión cuya caída sobre la vegetación seca actuó como detonante.
Los agentes han identificado a un empleado de la empresa responsable del mantenimiento de la línea eléctrica como presunto autor de una negligencia grave. El informe pericial, elaborado por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), apunta a una «falta de mantenimiento» en el tendido que abastece a la estación de servicio Moeve, junto a la autovía A-4, como causa probable de la rotura del cable.
Tras la inspección ocular de la zona y el análisis de las pruebas, los agentes tomaron declaración a un empleado de la compañía encargada de la línea. Esta persona fue interrogada en calidad de investigado, aunque no fue detenida. El atestado policial con todas las conclusiones ya ha sido remitido al juzgado de guardia de Córdoba, que se hará cargo del caso.
El incendio, que se declaró sobre las 17:35 horas de aquel día, calcinó un total de 23,79 hectáreas. La mayor parte del terreno afectado, 23,33 hectáreas, corresponde a suelo agrícola, principalmente rastrojos y campos de cereal. Las llamas también dañaron 0,46 hectáreas de terreno forestal, afectando a la vegetación de ribera del arroyo Galapagar, como fresnos y matorrales.
El dispositivo del Plan Infoca desplegó un amplio operativo por tierra y aire para combatir las llamas. La rápida intervención permitió controlar el fuego a las 19:40 horas y darlo por completamente extinguido a las 21:00 horas del mismo día. En las labores participaron, entre otros medios, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero.
Las autoridades recuerdan que el suceso se produjo en una época declarada de Peligro Alto de Incendios Forestales. Además, el término municipal de Córdoba está catalogado como Zona de Peligro, una designación oficial que obliga a extremar las precauciones para evitar este tipo de siniestros, lo que agrava la presunta negligencia investigada.
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