El tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito, ha acordado que el expresidente de la Generalitat y cabeza del ‘clan’, Jordi Pujol, sea juzgado de forma telemática, permitiéndole seguir las sesiones desde casa.
«El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia» y que pueda «conectarse» desde «su domicilio», ha indicado el magistrado presidente, José Ricardo de Prada, a Pujol en el arranque de la vista oral. De Prada ha señalado que si se produce «cualquier modificación de su estado de salud» y cuando vaya a tener una «intervención activa» en el juicio, el tribunal decidirá si «está en condiciones de hacerlo, de estar o no estar».
Jordi Pujol, ingresado en Barcelona por una neumonía días antes de su juicio
Así lo ha comunicado el tribunal después de que el ‘expresident’, que tiene 95 años, haya comparecido desde su casa en Barcelona por videoconferencia y a puerta cerrada para explicar su estado de salud, tras estar hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía.
También han comparecido los médicos que realizaron un informe forense sobre su salud a petición de su defensa para ratificar su diagnóstico de que Pujol «no está en condiciones» de continuar con el proceso judicial. Según la pericial, el exmandatario presenta «un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)».
Pujol, en «baja forma»
Fuentes jurídicas han indicado que Pujol ha dicho en esa comparecencia previa por videoconferencia que está a disposición del tribunal, pero que no se encuentra en muy buena forma. Además, el presidente del tribunal ha concedido a los acusados que no acudan presencialmente a todas las sesiones del juicio, «excepto en aquellos momentos donde se practiquen pruebas que les afecten».
Presidido por De Prada y con las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, el tribunal juzgará previsiblemente hasta mediados de 2026 a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para el ‘expresident’ 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos -Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia- pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación. Anticorrupción acusa a Pujol, sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
La fiscal sostiene en su escrito que el expresidente catalán, «aprovechando» su condición de presidente de la Generalitat y líder de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), «tejió una red de clientelismo» y llegó «hasta el punto de construir un entramado» en el que tanto a él como empresarios afines al partido «se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos».
Por su parte, para el juez instructor José de la Mata, la familia Pujol se aprovechó de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», y acumuló un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
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