Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, arrancan este martes una huelga de tres días -1, 2 y 3 de julio- contra las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía
Las asociaciones consideran que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho. Sin embargo, el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son «imprescindibles» para modernizar la Justicia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comenzaron convocando un paro de diez minutos el pasado 11 junio, al que siguió la concentración del pasado sábado, 28 de junio, ante el Tribunal Supremo (TS).
Fue el pasado 17 de junio cuando las cinco asociaciones anunciaron huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.
Reformas «imprescindibles»
Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas son «imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las «estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX».
«Estoy convencido de que tendréis ocasión de estudiar el detalle de este proyecto de ley y, en su caso, proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria», les dijo el ministro, invitándolas a «participar y colaborar en este proceso activamente».
Representantes de las asociaciones se reunieron con diputados del grupo socialista, que les ofrecieron «mejorar» el texto de las reformas durante el trámite parlamentario, si bien las convocantes lo consideraron un «brindis al sol» porque no apreciaron una verdadera voluntad de hacer los cambios reclamados, según las fuentes consultadas.
«Riesgo de selección ideológica»
Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo» y «sin contrapesos» suficientes.
El CGPJ avisa
La huelga de jueces y fiscales también ha suscitado cierta contestación interna. Así, JJpD y UPF han optado por no sumarse a la convocatoria, mientras que el sector progresista del CGPJ –a excepción del vocal Carlos Hugo Preciado– defiende que «los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga».
El CGPJ celebró un Pleno extraordinario el pasado jueves para analizar el anuncio de huelga y resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, «por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria» ni fijar servicios mínimos.
No descartan más medidas
Las asociaciones respondieron reivindicando que «el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española» y, como tal, «no cabe interpretación restrictiva», por lo que «la ausencia de normativa específica de desarrollo» no puede suponer la exclusión de los togados.
En este contexto, advirtieron de que «cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave».
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