El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde julio de 2018, cuando se realizó el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora, al tiempo que ha adelantado la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno -fijada inicialmente para el día 11- al 10 de septiembre, a las 12.00 horas.
Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en una providencia en la que contesta a la petición de la defensa de Gómez de suspender la citación del 11 de septiembre, toda vez que su abogado tiene que comparecer ese día junto a otro cliente en un juzgado de Tenerife en el marco de otro procedimiento.
Peinado ha considerado que, habiendo quedado «acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos», lo pertinente es que Gómez declare el miércoles 10 de septiembre, día en el que ya estaba previsto que compareciera como investigada su asesora.
En otra providencia, el juez ha reclamado a Presidencia que aporte copia de los correos electrónicos «recibidos y enviados» desde el día 11 de julio de 2018 «hasta la fecha» en la cuenta asignada a Begoña Gómez. «Y verificado, remítanse dichos correos a la UCO para su análisis e informe al juzgado», ha añadido.
Asimismo, el instructor ha pedido a Presidencia que «indique el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual para ocupar el puesto de directora de programas P.G. del Gabinete de Presidencia del Gobierno».
De igual forma, el juez ha solicitado que informe quiénes «han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha».
Cristina Álvarez
Aunque Peinado ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, hasta el pasado 18 de agosto no había imputado dicho delito a Gómez. Solo estaba investigado por su presunta participación en estos hechos el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y en su declaración como imputado –en mayo– se desvinculó del nombramiento.
Hasta entonces, la esposa de Pedro Sánchez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios –como el investigado Juan Carlos Barrabés– que se presentaban a licitaciones públicas.
No obstante, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.
Malversación
En agosto, el juez imputó a Gómez un presunto delito de malversación por el nombramiento de su asesora a raíz del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado junio, por el que se anuló la declaración como testigo de Álvarez y se validó únicamente lo que manifestó en su declaración como investigada, ratificando en este sentido los indicios en su contra de presuntos delitos de tráfico de influencias.
En el marco de dicha resolución, la Audiencia Provincial emplazó a Peinado a centrar la investigación y le instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar a la asesora.
Sin embargo, el órgano advirtió de que Álvarez no podría haber cometido un delito de malversación como «funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior». A su juicio, solo era posible atribuirle a la trabajadora de Moncloa un presunto delito de tráfico de influencias por su «connivencia o anuencia con esa conducta».
Para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, Peinado incluyó en su auto un extracto de la resolución de la Audiencia Provincial. «Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento», apuntaban los magistrados.
Para la Audiencia Provincial, ello «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno».
Así las cosas, Peinado vio pertinente «citar en calidad de investigadas por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez».
La decisión del instructor de investigarlas por malversación supuso un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid y descartó investigar a ambas por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
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