El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido en la mañana de este jueves el inicio del juicio penal por supuesto maltrato a sus hijos contra Francesco Arcuri con la presentación de una cuestión procesal previa por parte de su equipo jurídico sobre la que se ha vuelto a emplazar a las partes para octubre. En la audiencia no han estado presentes ni su expareja, la vecina de Maracena (Granada) Juana Rivas, ni ninguno de sus dos vástagos.
Precisamente, según las fuentes del caso, la cuestión procesal previa ha tenido que ver con la petición al tribunal sobre la representación en el juicio del menor de ellos, de 11 años y que volvía con su padre, que tiene la custodia, el pasado julio a Italia. Fue tras permanecer desde fechas navideñas con la madre en España, un asunto por el que ha de declarar el próximo 30 de octubre como investigada por la presunta comisión de un delito sustracción de menores en el edificio judicial de Caleta, en Granada capital, Rivas, que ya fue condenada previamente por este ilícito después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.
En Italia, este jueves, el equipo jurídico de Arcuri pide examinar la pertinencia de que, en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos, el menor esté representado por un administrador especial y no por Rivas. La próxima audiencia es el 23 de octubre en un juicio, que según estas mismas fuentes, puede prolongarse durante años, conforme a la normativa italiana.
Arcuri defiende que «decenas de resoluciones judiciales» le dan la razón
Este pasado miércoles, a raíz del inicio de la vista oral en Italia, el equipo jurídico de Juana Rivas se mostraba confiado en una nota de prensa en que «se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana».
Una audiencia preliminar celebrada el pasado 17 de junio en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas contra su ex y padre de sus dos hijos determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizara los hechos para «establecer la veracidad» de los mismos, según explicó en un comunicado la representación legal de Francesco Arcuri en nombre del italiano.
En la audiencia que daba lugar a la apertura de la vista oral que se ha producido este jueves no se decretaba «ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente» al italiano sobre su hijo menor.
El 3 de diciembre anterior, la representación jurídica de Juana Rivas se congratulaba de que la Fiscalía italiana hubiera procesado por presuntos maltrato a los hijos comunes de ambos a Arcuri.
En un comunicado, expuso que el 14 de noviembre anterior, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri, había concluido las investigaciones y «presentado formalmente escrito de procesamiento» contra la expareja de Rivas.
Los letrados de Rivas proseguían lamentando que el hijo menor de edad, continuaba «estando obligado a vivir en Carloforte con su padre» mientras que el mayor, que tiene 19 años y vive en España, pedía «ayuda a la Fiscalía General de Cagliari» y expresaba «con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira», viendo a su hermano «en gran peligro», según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.
Juicio de Juana Rivas
En paralelo al proceso penal en Italia continúa en España la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra la madre de Maracena por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del niño menor.
«El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos», precisaron este pasado miércoles sus abogados, que apuntaron que se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada «considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia», ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.
Citada a declarar Juana Rivas el 30 de octubre por supuesta sustracción de su hijo menor
La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia por lo que la investigación se reabría.
De este modo una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial, a la misma hora y en el mismo sitio que, el 22 de septiembre, se cita a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante.
Vuelta suspendida de enero a julio
El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara «el terror» de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.
La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.
Francesco Arcuri regresa a Italia junto a su hijo menor tras ser entregado por Rivas
En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.
Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.
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