El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado este que «sólo los tribunales» pueden suspender la ejecución de la sentencia sobre el caso de Juana Rivas, tras la solicitud recibida este miércoles por el Ayuntamiento de Maracena para que el Gobierno se pronunciase sobre la entrega a su padre del hijo menor.
Así lo ha expresado después de que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada acordase este pasado martes aplazar hasta este viernes la entrega de Daniel al italiano Francesco Arcuri. Este pasado miércoles, el Ejecutivo recibió una petición por parte del Ayuntamiento granadino sobre «la entrega de un menor en el marco de un proceso judicial para la ejecución de una sentencia de un tribunal italiano».
Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que dicha solicitud se estaba «examinando detenidamente» con el fin de «dar una respuesta fundamentada en Derecho» antes de este viernes 25, fecha fijada por la Justicia para la entrega del menor.
Las mismas fuentes han confirmado que, tras solicitar Justicia dos informes urgentes sobre la pertinencia de la petición recibida a la Abogacía del Estado y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, ambos documentos han descartado «con claridad que el Ministerio como autoridad central pueda adoptar ninguna decisión de un asunto judicializado y que se está tramitando ante los tribunales españoles e italianos; alegando que sólo los órganos judiciales pueden suspender o denegar dicha ejecución, tal y como disponen el Reglamento (UE) 2019/1111 y el Convenio de La Haya».
«Tanto el Reglamento como el Convenio conciben que la competencia para la entrega de menores, sobre todo en el marco de procesos judicializados, es solo de los tribunales». De hecho, aunque en el Reglamento se habla de «autoridades centrales de ejecución» y el Convenio se refiere a «autoridades judiciales o administrativas», dichas autoridades, según lo remitido por España a organismos internacionales, son exclusivamente tribunales de Justicia, como sucede en la inmensa mayoría de países y en todos los Estados de la UE», ha explicado Justicia.
Con ello, ha remarcado que, para el supuesto de que se produzca finalmente la entrega del menor, el Ministerio estará «en todo momento» en contacto con la autoridad italiana para «garantizar» el interés superior del niño en Italia, requiriendo información «continua» del estado del menor a la autoridad central italiana.
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