Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a tres hombres a los que la Fiscalía de Málaga acusa de supuestamente acabar con la vida de otro e intentarlo con un segundo, que resultó herido grave, en un tiroteo en la localidad malagueña de Marbella en 2019. Solicitan penas de 37 años de prisión para cada uno.

Los hechos sucedieron en noviembre de dicho año. Según las conclusiones iniciales del fiscal, dos de los acusados «en aplicación de un plan preconcebido», en el que habría participado el tercero, acudieron en un vehículo, junto a las dos víctimas al domicilio de uno de ellos en Marbella.

Un disparo mortal en el pecho

Una vez en su interior, dice el ministerio público, «con ánimo de acabar con la vida de ambos», uno de los acusados supuestamente disparó con un arma corta tipo revólver en el pecho, entrando la bala por debajo de la clavícula y saliendo por la espalda, produciéndole la muerte».

Tras esto, dice la acusación, supuestamente un segundo acusado disparó al otro hombre con un arma de similar hasta en tres ocasiones, recibiendo los impactos en un hombro, pierna y abdomen; lo que le produjo varias lesiones que requirieron de tratamientos rehabilitadores en varios hospitales y que curaron en 336 días.

El tercer acusado se había reunido previamente con los acusados, «con la finalidad de planear y dar muerte» a las dos víctimas, con las que también mantuvo encuentros, dice el fiscal. Además, nada más producirse el tiroteo, también se reunió con los otros dos procesados.

Delitos de asesinato y grupo criminal

Para la acusación pública, se trata de dos delitos de asesinato, uno en grado de tentativa; y de pertenencia a grupo criminal con disposición de armas, de los que acusa a los tres procesados; mientras que a dos de ellos también les achaca delitos de tenencia ilícita de armas, ya que ninguno tenía licencia de armas.

Por estos hechos, solicita que se imponga a cada uno de los procesados la pena de 37 años de cárcel y a dos de ellos les suma la petición de un año y medio más por tenencia ilícita de armas. Como indemnización, considera que deben pagar a los herederos del fallecido 200.000 euros y al lesionado 26.280 euros por las heridas producidas y 99.000 euros por las secuelas.

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