La acusación popular que lidera Hazte Oír en el ‘caso Begoña Gómez’ ha reclamado 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por «evidente riesgo de fuga». En su escrito de acusación, la organización pide la apertura de juicio oral contra la esposa de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
Lo hace en representación de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España. Hazte Oír también pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación y por ser «cooperadora necesaria» en el resto de delitos que también atribuyen a la esposa del presidente.
Asimismo, solicita seis años de cárcel para el empresario Juan Carlos Barrabés por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y considera que existe «un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres», por lo que interesa que como medidas cautelares se les imponga la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.
El juez instructor, Juan Carlos Peinado, indagó en cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra, y el nombramiento de Álvarez como su asesora en Moncloa.
Creación de la cátedra
Con respecto de la creación de la cátedra, Hazte Oír señala que Gómez, «aprovechando su relación con el presidente del Gobierno», ofreció «directa o indirectamente» a distintos directivos de «grandes y medianas empresas su interlocución» con su esposo.
Y expone que también ofrecía «su participación pública» para, según la asociación, «obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos» para su «favorecimiento personal» y «con un coste cero para ella».
«Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para poder realizar un programa informático único en el mercado y a un precio altamente competitivo, pues lo obtuvo sin coste. Y ello por ser su intención, desde un primer momento, desviar la propiedad del producto final, a su propio patrimonio», indica.
Ofrecimientos a directivos «interlocución» con Sánchez
En cuanto a la asesora, Hazte Oír explica que su «retribución está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional» de Gómez, y no para «pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma».
«Y por ello, Álvarez, con ánimo de lucro, ha estado percibiendo y apropiándose de un sueldo establecido en razón de sus funciones públicas dedicando su tiempo de trabajo a la actividad laboral de Gómez», manifiesta. El escrito aporta una lista de reuniones y actos en los que la asistente acompañó a Gómez, cuya descripción, según Hazte Oír, «hace que no se tratara de actos aislados o de mera cortesía institucional».
Por otro lado, la asociación da cuenta de que Gómez y Barrabés «iniciaron una relación profesional y personal» en paralelo a diversas «iniciativas comunes vinculadas al proyecto de la futura cátedra».
Y que la esposa del presidente «firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo de dos ofertas vinculadas a Barrabés» en procedimientos de la empresa pública Red.es. Estas ofertas «resultaron adjudicatarias de dos contratos» en julio y agosto de 2021.
Los testigos
Hazte Oír pide que testifique el propio Sánchez y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, porque la asociación considera que su testimonio «es determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto», habida cuenta de que él dirigió la Secretaría General de la Presidencia.
Asimismo, la acusación solicita que testifique el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, para que dé cuenta sobre la creación de la cátedra, así como de las «reuniones mantenidas en Moncloa». Y para explicar la relación entre Gómez y Barrabés, Hazte Oír pide que declaren el empresario Víctor de Aldama, acusado en el juicio que se celebra desde principios de abril en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, y Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa.
También solicita la testifical de las personas implicadas en la creación de la cátedra y en las empresas vinculadas a ella. Además, pide que declaren como testigos diferentes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por otro lado, Hazte Oír ha pedido al juez que ofrezca tanto a la Abogacía del Estado como a la Universidad Complutense personarse en calidad de perjudicadas en la causa.
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