La polémica se ha desatado tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de revocar 53.000 viviendas turísticas en España por supuestas irregularidades. En menos de 24 horas, la medida ha generado un aluvión de críticas por su viabilidad y alcance. Este lunes, la patronal andaluza del sector, AVVAPRO, la ha calificado de “ataque directo a la seguridad jurídica, a la economía andaluza y a las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.
La asociación recuerda que la mayoría de estos inmuebles cuentan con autorización de la Junta de Andalucía y llevan años operando bajo la normativa autonómica vigente. Según explican, el problema se debe a “fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores”, que han impedido a muchos propietarios obtener el Número de Registro de Alquiler (NRA). Sin embargo, el Gobierno Central justifica tanto la medida como la creación del Registro de arrendatarios único.
El Registro de Arrendatarios Único
Tal y como explicó Sánchez en el mitin socialista del domingo en Málaga, la intención del gobierno es “poner orden en el desorden” del alquiler turístico. Según explicó, el Registro Único de Arrendamientos,— sistema digital obligatorio desde el 1 de julio para registrar propiedades destinadas a alquileres de temporada o de corta duración— ha permitido detectar “miles de irregularidades” en pisos que “pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos”.
De ahí la intención del Ejecutivo de revocar 53.000 viviendas de este tipo y excluirlas del registro estatal, con el objetivo de que “pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país”. Sánchez argumentó que la proliferación de pisos turísticos “encarece el precio del alquiler, reduce la oferta y deja fuera del mercado a muchas familias”.
Competencias en disputa
El sector subraya que la retirada de licencias turísticas es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y acusa al Ejecutivo central de “invasión flagrante de competencias”. De hecho, la Junta de Andalucía, junto con otras tres autonomías y dos asociaciones, ha recurrido el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único.
Para la patronal, señalar como “ilegales” a miles de viviendas turísticas con licencia autonómica daña la imagen internacional de España y golpea directamente a la economía andaluza. Provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada dependen en gran medida de este modelo de alojamiento, que genera miles de empleos.
“El verdadero problema es la falta de vivienda nueva, no las viviendas turísticas”, apunta AVVAPRO, recordando que en los últimos 14 años nunca se han construido más de 100.000 viviendas al año pese a un aumento poblacional superior a 700.000 personas anuales.
Inseguridad jurídica
La asociación advierte de que aplicar sanciones mientras la norma está recurrida genera “una inseguridad jurídica inaceptable” y deja en incertidumbre a familias y empresas. “Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias. Pedro Sánchez está atacando a Andalucía y a un sector clave para nuestra economía”, afirma el comunicado.
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