La publicación de las nuevas vacantes por parte de la Dirección General de la Guardia Civil ha desatado una fuerte polémica en Córdoba. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización decana en la defensa de los derechos de los agentes, ha denunciado este lunes el «ridículo número» de efectivos asignados a la provincia. De las 4.012 plazas que se han ofertado para todo el territorio nacional, tan solo 20 corresponden a destinos en Córdoba.
Esta cifra representa apenas el 0,5% del total nacional, un dato que la asociación considera insuficiente para cubrir las necesidades reales de seguridad en la zona. Según explican desde la AUGC, la provincia arrastra actualmente un déficit estructural de 228 vacantes sin cubrir. A esto se suma una pérdida progresiva de capital humano: en los últimos tres años, la plantilla operativa se ha reducido en un 5,8%.
A la cola de España y Andalucía
El análisis de los datos sitúa a Córdoba en una posición precaria tanto a nivel nacional como autonómico. Con esta asignación, se convierte en la quinta provincia de España que menos refuerzos recibe, situándose en el vagón de cola junto a Albacete, Ourense y Salamanca. También aparece cerca de Álava, aunque en este último caso la comparación tiene matices, ya que el País Vasco tiene transferidas las competencias de seguridad a su propia policía autonómica, lo que justifica una menor presencia de la Benemérita.
Sin embargo, el agravio comparativo es más evidente al mirar dentro de la propia Andalucía. Mientras Córdoba recibe 20 agentes, otras provincias con necesidades similares o incluso menor extensión obtienen refuerzos mucho más significativos. Huelva encabeza la lista con 143 nuevas plazas, seguida de Granada (115) y Cádiz (97). Incluso Jaén, con 24 agentes, supera ligeramente a Córdoba.
La AUGC destaca la paradoja geográfica y demográfica que sufre la provincia: Córdoba es la segunda más extensa de Andalucía y la quinta en número de habitantes. Sin embargo, cuenta con la plantilla más reducida de toda la comunidad autónoma y, en este reparto, solo ha recibido el 3,5% de los refuerzos destinados a la región.
Un reparto insuficiente para la seguridad ciudadana
El despliegue de estos 20 nuevos agentes se realizará «con cuentagotas», según lamenta el colectivo. La distribución deja a la gran mayoría de las unidades sin los refuerzos necesarios. El puesto de Puente Genil será el más beneficiado, con cinco agentes, seguido de Peñarroya y Villa del Río, con dos cada uno, y Palma del Río, que sumará un efectivo.
En cuanto a las especialidades, el reparto es minimalista. Los Destacamentos de Tráfico de Córdoba y Lucena recibirán dos agentes cada uno. Por su parte, unidades críticas como el Seprona (protección de la naturaleza) en Hornachuelos, el Destacamento de Fiscal, Automovilismo, el Grupo de Información y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) solo incorporarán a un guardia civil cada una.
La asociación advierte que esta falta de personal tiene consecuencias directas sobre el servicio que se presta al ciudadano. Con una plantilla que apenas alcanza el 85% de cobertura teórica, muchos cuarteles se ven obligados a permanecer cerrados la mayor parte del tiempo. Esto provoca que las escasas patrullas disponibles deban atender incidencias en varias poblaciones simultáneamente, limitándose a una labor reactiva y perdiendo la capacidad de realizar vigilancia preventiva.
Impacto en las condiciones laborales
Más allá de la seguridad pública, la escasez de efectivos repercute directamente en la calidad de vida de los propios agentes. La AUGC señala que el «grave déficit» impide a muchos guardias civiles disfrutar de sus permisos reglamentarios o disponer de turnos de trabajo estables, sencillamente porque no hay compañeros suficientes para cubrir los relevos.
Un ejemplo citado es el del Núcleo de Servicios, una unidad que lleva años requiriendo apoyo externo para cumplir sus funciones y que, recientemente, ha perdido otros cuatro efectivos por traslados, agravando una situación que el colectivo califica de «muy preocupante».
Para la AUGC, esta situación evidencia un «continuo menosprecio» por parte de la Dirección General y del Ministerio del Interior hacia una provincia que presenta una de las ratios más bajas de agentes por habitante de todo el territorio nacional.
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