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La Comisión Europea cuestiona la ley de amnistía de Sánchez y la tacha de «autoamnistía»

La amnistía de Pedro Sánchez vuelve a estar cuestionada en los tribunales. La Comisión Europea, según ha podido conocer ‘El Español’, ha cuestionado la polémica ley que posibilitó al actual presidente de España mantenerse en la Moncloa. Según este escrito de 36 páginas, que se presentó en diciembre de 2024, el órgano ejecutivo rechaza que la propuesta responda a un interés común europeo y cree que el motivo real fue conseguir un acuerdo de investidura del gobierno del PSOE. Señala además que otro hecho que apoya esa teoría es que la tramitación de la ley «siguiera un procedimiento por vía de urgencia, eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública».

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La Comisión considera también que hay puntos en el articulado de la ley «contrarios al derecho» y recomienda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que responda que «los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley se oponen a una disposición nacional que concede amnistía y que carece de claridad en la definición de su ámbito de aplicación y que, por lo tanto, puede dar lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto de la amnistía» en caso de que los intereses financieros de la Unión puedan verse afectados.

Las dudas del Tribunal de Cuentas

La Comisión Europea no es el único órgano que  cuestiona la amnistía. En ese escrito presentado, el órgano europeo también se refieren a las ocho preguntas planteadas por Elena Hernáez, consejera del TC, que dudaba de que la ley fuese compatible legalmente con el Derecho de la Unión.

Así, concuerda con el planteamiento realizado por el órgano fiscalizador en que los procedimientos para aplicar la ley de amnistía deberían tramitarse con carácter prioritario y en un plazo imperativo de dos meses.

El Tribunal Constitucional estudia la ley

El documento presentado por la Comisión Europea ha visto la luz justo en un día en el que el Tribunal Constitucional comienza a estudiar el borrador de sentencia que avala la ley. Lo hará en base al borrador de sentencia elaborado por la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, para responder al recurso presentado por el PP, que avala lo esencial de la norma jurídica al considerar que todo lo que la Carta Magna no prohíbe tiene cabida en la misma.

La ponencia, de 191 páginas, valida la amnistía argumentando que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice.

Resuelve así que «el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución», avisando de que, «de otro modo, se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión del constituyente, lo que conllevaría la infracción del principio democrático, eje vertebrador de nuestro sistema constitucional».

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