Llésica Mel, vecina de Puerto Real de 46 años, vive un infierno burocrático y sanitario que la ha llevado al límite. Con 22 operaciones a sus espaldas, casi 20 años cotizados y una salud completamente quebrada, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) continúa negándole la incapacidad absoluta. Un periplo que, según denuncia en el programa ‘Llegó la hora’ de 101TV, comenzó con una negligencia administrativa que hoy la mantiene atrapada en un laberinto sin salida.
La gaditana acudió este martes al programa ‘Llegó la Hora’ para relatar una situación que califica de devastadora. Con voz entrecortada, explicó que presentó una reclamación el pasado 23 de febrero, acompañada incluso de un informe pericial elaborado por un médico forense. Sin embargo, asegura que no recibió respuesta hasta el 7 de noviembre, cuando el INSS desestimó su solicitud. Ante esta decisión, su defensa ha recurrido, pero el juicio no se celebrará hasta el 30 de junio de 2027.
«Reclamamos, mandamos, incluso me hice un informe pericial de un médico forense… No nos contestaron hasta el día 7 de noviembre y han contestado que desestiman esa resolución», lamenta.
Un calvario que comenzó tras el cáncer de mama
En 2021, a Llésica le diagnosticaron cáncer de mama. Ese mismo año le extirparon un pecho y, un año después, el otro. Lo que siguió fue, en sus palabras, «el inicio del calvario»: infecciones, rechazos, dolores insoportables y un sinfín de intervenciones que han dejado secuelas irreversibles.
Actualmente, toma más de veinte pastillas diarias y asegura haber perdido la movilidad de ambos brazos y la sensibilidad de las manos. A esto se suma la incontinencia que padece y que la obliga a usar pañales diariamente. «Es un infierno. No quiero salir de casa por si me hago pis encima, por eso llevo siempre doble pañal», cuenta entre lágrimas. Explica que el dolor constante, los espasmos y la dependencia la han llevado a una vida completamente limitada.
Llésica regentaba una peluquería como autónoma, negocio que se ha visto obligada a cerrar por su deterioro físico. «Nadie hace nada, nadie. Aquí se tiran la pelota de unos a otros y la perjudicada soy yo, yo y mis tres hijos y mi marido», denuncia.
La vía institucional: un camino lento y desesperante
Cansada de esperar, Llésica y su abogado han recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz, que les ha derivado al Defensor del Pueblo Español. La propuesta recibida consiste en presentar un recurso excepcional ante el Tribunal Constitucional y continuar con la demanda social que ya fue interpuesta en verano.
La afectada reclama que su caso se revise con urgencia, dado su estado crítico. Su petición no es solo el reconocimiento de una incapacidad absoluta que considera más que justificada, sino la necesidad de que las instituciones respondan con humanidad y rapidez a personas que, como ella, afrontan situaciones límite. Mientras espera una resolución, Llésica continúa aferrándose a su familia y a la esperanza de que el sistema no la abandone.
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