Cuando a Carmen le comunicaron el desahucio, su reacción fue buscar alternativas. Su historia es la de cómo un accidente laboral puede cambiar la suerte de su familia al completo. Ella, auxiliar clínica; él, transportista hasta el año 2012. Un 2 de octubre, su marido, tras un accidente en la carretera, volvió a casa con un 75% de discapacidad. «Vivo con mis dos hijas, mi marido dependiente y mis tres nietos», resume. Sus hijas tienen 14 y 24 años, la última es víctima de violencia de género y vive a cargo de sus padres junto con sus dos hijos de 3 y 1 año.
«Fue en Tarragona, de buena mañana mi marido estaba conduciendo el camión, chocó contra un vehículo y por la culpa del otro se quedó inválido», relata Carmen. David comenzó a ser camionero en el año 2007 como autónomo. El negocio le iba bien, por lo que podía mantener una «familia acomodada», según describen, y ser ambiciones. Compraron un segundo camión y para ello decidieron hipotecar su casa. Y más tarde adquirieron otro tráiler mediante otro préstamo. En total, tres hipotecas y con tres bancos diferentes.
«El precio de los camiones es comparable al de una casa, teníamos que pagar 1.800 euros al mes», cuenta Carmen. Todo iba según previsto hasta que en 2012 su marido sufrió aquel dichoso accidente. Fue en ese momento cuando Carmen tuvo que buscar otro trabajo para sacar adelante a su familia y hacerse cargo de las deudas. Pero en 2018 no pudo aguantar más y tuvieron que dejar de pagar, por lo que el banco les embargó.
En 2022, la vivienda salió a subasta pública y una empresa malagueña la adquirió, pero pudieron seguir viviendo ahí hasta ahora, momento en el que han recibido una notificación donde se les ordena abandonar el inmueble el próximo lunes 7 de julio. Y todavía esta familia no tiene una alternativa habitacional. «No sólo yo estoy en riesgo, son las personas dependientes de mí quiénes lo están», expresa Carmen, que todavía no se cree que tenga que condensar su vida a unas cuantas bolsas y cajas.
«Hemos probado todas las alternativas, el Ayuntamiento nos ha ayudado en lo que ha podido pero por ahora no puedo hacer más», nos cuenta Carmen. Debido a que todavía tienen deuda pendiente, el banco les sigue interviniendo 30 euros mensuales de sus ingresos. «No pueden retenerme más porque tengo un salario de 1.100 euros», explica Carmen.
La familia busca alquilar una vivienda en Málaga o alrededores para tener un lugar donde seguir su vida tras el desahucio, que parece irreversible. «Nadie confiará en mi cuando le cuente mi historia», nos asegura Carmen. El precio del alquiler es un problema ahora mismo para la familia, solo con el salario de Carmen no se pueden permitir acceder a ninguno y cada día que pasa se les va acabando el tiempo.