La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se quitó la vida el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha interpuesto finalmente una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y parte del profesorado del centro. Tal y como ya habían anunciado días atrás, consideran que algunos docentes podrían haber tenido implicación en el suceso, ocurrido el 14 de octubre.
Según ha explicado el tío de la menor, Isaac Villar, determinados indicios recogidos en las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía sobre la actuación del centro educativo apuntan, a su juicio, de forma clara a una posible responsabilidad del personal docente. En concreto, sostiene que existió una falta de intervención ante el supuesto acoso que habría padecido Sandra.
Ante esta situación, la familia ha decidido presentar la querella, en la que se atribuyen a los denunciados presuntos delitos de homicidio, lesiones psicológicas y trato degradante.
Días antes, Villar ya había adelantado que existían “razones de sobra” para dar este paso legal. En ese sentido, afirmó que no se puso en marcha ninguno de los protocolos previstos cuando se comunicó la situación y cuando se aportaron los informes psicológicos de la menor.
La familia de Sandra Peña presenta una querella contra el colegio Irlandesas Loreto y su personal docente.
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Respecto a la vía administrativa abierta por la Junta de Andalucía, el portavoz familiar subrayó la importancia de mantener una reunión con la consejera de Educación, Carmen Castillo. Según indicó, se les informó de que en los primeros días de enero se les facilitaría una cita para que los padres de Sandra fueran recibidos y se les explicara el estado del procedimiento.
Asimismo, el representante de la familia defendió la necesidad de imponer sanciones firmes y ejemplares. “Si no se adoptan medidas serias, estos casos pueden volver a repetirse. Somos conscientes de que nada reparará el daño sufrido, pero al menos es fundamental que se actúe con contundencia para evitar que vuelva a ocurrir”, señaló.
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para esclarecer las circunstancias del presunto suicidio. Uno de ellos, en el ámbito de la reforma juvenil, analiza la posible participación de varias menores, mientras que el segundo se centra en supervisar la actuación y la eventual responsabilidad de los responsables del centro educativo donde estudiaba la víctima.
Por su parte, la dirección del colegio concertado ha solicitado “prudencia y responsabilidad” hasta que concluyan las investigaciones policiales, judiciales y administrativas. El caso provocó a finales de octubre amplias movilizaciones estudiantiles en toda España, con miles de jóvenes manifestándose en 55 ciudades, convocados por el Sindicato de Estudiantes, dentro de una huelga para denunciar el acoso escolar y reclamar el fin del bullying.
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