La familia de Sandra Peña ha mantenido este miércoles un encuentro con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo. Tras la reunión, el tío de la menor, Isaac Villar, atendió a los medios para agradecer la implicación de esta entidad en la investigación y señaló que “todas las vías continúan abiertas” mientras se producen avances en el proceso judicial.
Según explicó el tío de Sandra, desde la administración autonómica les han asegurado que llegarán hasta el final en las indagaciones y que se adoptarán las medidas oportunas en función de los hechos que se prueben. Villar también destacó el apoyo y el afecto que la familia está recibiendo por parte de la sociedad.
En este sentido, expresó su deseo de que este caso suponga un punto de inflexión y sirva para revisar o modificar las normas y leyes necesarias con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Querella contra el centro educativo
Por otro lado, el portavoz de la familia confirmó que el juzgado ha admitido a trámite la querella presentada el pasado viernes contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente, al que atribuyen una posible implicación en el fallecimiento de la menor, ocurrido el 14 de octubre.
Según la familia, los indicios recabados en las diligencias practicadas por la Fiscalía sobre la actuación del centro educativo apuntan, a su juicio, de forma concluyente a una posible responsabilidad de los profesionales implicados, debido a una presunta falta de actuación ante el acoso escolar que podría haber sufrido Sandra. Por estos hechos, sostienen que se habrían cometido delitos como homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para esclarecer las circunstancias del caso. Uno de ellos, en el ámbito de la justicia juvenil, investiga la posible implicación de varias menores, mientras que el segundo analiza la actuación y eventual responsabilidad de los responsables del centro donde estudiaba la víctima.
Desde la dirección del colegio concertado han insistido en la necesidad de actuar con cautela y responsabilidad hasta que concluyan las investigaciones policiales, judiciales y administrativas. El caso provocó una amplia movilización a finales de octubre, cuando miles de estudiantes se manifestaron en las principales ciudades españolas.
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