La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras presuntamente sufrir acoso escolar, está ultimando con los abogados una querella, si bien aún no saben si será contra el colegio, las Irlandesas de Loreto, como persona jurídica, o se dirigirá a miembros de la dirección del centro educativo.
«Decir ahora cómo serán los detalles es a lo mejor un poco precipitado, pero estos días tomaremos, seguro, la decisión y se interpondrá la querella», ha afirmado Isaac Villar, portavoz de la familia, en una entrevista en Canal Sur Televión.
Motivos suficientes
La familia considera que hay «motivos más que suficientes» para esa querella. «Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra», ha añadido.
En este sentido, Villar ha recordado que la Fiscalía sigue con su investigación y ha agradecido la labor del Ministerio Público: «Sabemos que están poniendo todo su esfuerzo y todos los medios de los que disponen para aclarar la situación».
En cuanto a la vía administrativa que inició la Junta, el portavoz ha remarcado la necesidad de reunirse con la consejera de Educación, Carmen Castillo. «Nos emplazaron a estos primeros días de enero para darnos una cita y una fecha concreta para recibir a los padres de Sandra y que les explique un poco en qué punto se encuentra ese tema».
«creemos que sería importante que hubiera una sanción contundente y ejemplar, porque si no tomaremos medidas serias»
Al respecto, el portavoz de la familia ha señalado que «creemos que sería importante que hubiera una sanción contundente y ejemplar, porque si no tomamos medidas serias, posiblemente estos casos sigan repitiéndose y es por lo que estamos aquí. Nada de lo que se haga nos van a reparar el daño, pero por lo menos que haya medidas serias y que esto no se repita».
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa» en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar «con el monstruo del bullying». Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.
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