La familia de Manuel José García Caparrós ha vuelto a exigir este lunes al Gobierno de España la desclasificación de los archivos relacionados con el asesinato del joven malagueño durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977. Lo han hecho después de que hayan pasado más de cuatro meses desde que la ministra María Jesús Montero se comprometiera públicamente a «mover todos los mecanismos posibles» para ello, sin que hasta la fecha se haya producido ningún avance ni comunicación oficial, según indica la propia familia.
Loli García Caparrós, hermana del joven asesinado, ha leído durante la rueda de prensa una nueva carta dirigida al presidente Pedro Sánchez. «Ya le hemos escrito una vez, en diciembre de 2018, para pedir la desclasificación de los documentos tanto del asesinato de nuestro hermano como del estudiante Javier Fernández Quesada, ahora lo hacemos de nuevo, porque seguimos esperando una respuesta», ha manifestado.
Según ha recordado la familia, el pasado 27 de febrero tuvo lugar un acto en la Subdelegación del Gobierno de Málaga en el que participó la ministra Montero. Allí, ha asegurado Purificación García Caparrós, otra de las hermanas, «prometió que haría todo lo posible, pero desde entonces no ha dicho nada, el asesino de mi hermano fue un miembro de la Policía Armada, y al poco tiempo fue premiado con un ascenso y una subida de sueldo, el Gobierno se ha estado riendo de nosotros», ha denunciado.
Combatir la impunidad
Joaquín Recio, presidente de la Asociación de la Memoria de García Caparrós, ha explicado que la motivación de esta rueda de prensa ha sido seguir combatiendo la impunidad. Ha anunciado también que la familia se va a sumar a la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Transición. «La querella lleva funcionando mucho tiempo y ha incluido a las víctimas del terrorismo de Estado de aquellos años, nos vamos a sumar como una víctima más, para arrojar luz sobre lo ocurrido», ha dicho.
Recio también ha señalado que la familia ha llevado su caso al Parlamento Europeo y ha acogido dos encuentros estatales de víctimas de la Transición en Málaga. La intención ahora, ha añadido Toni Morillas, es unir fuerzas con otras asociaciones para impulsar un movimiento colectivo por la verdad y la justicia. «Vamos a presentar iniciativas institucionales para interesarnos por el avance real del proceso, no queremos esperar a la efeméride del 4 de diciembre para que se vuelva a hablar del tema, han pasado 47 años de impunidad», ha advertido.
Respuesta del Gobierno
Este mismo lunes, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha reconocido que está comprometido plenamente con ello, «de hecho, hubo un acto de reconocimiento de su memoria en el que la vicepresidenta primera del Gobierno se comprometió a desclasificar los papeles y es un tema que se escapa a mi competencia, es un tema legislativo, no ejecutivo, pero me imagino que estarán en ello y en breve se llegará a un acuerdo, me consta que la intención del Gobierno era esa».
Bloqueo del proceso
Preguntado por el aparente bloqueo del proceso por parte del PSOE, Recio ha afirmado que «a las dos semanas del acto de febrero ya se había producido un parón». «Se ha abanderado la memoria de Caparrós en actos simbólicos muy emotivos, pero los hechos han sido otros», ha denunciado.
La familia y la Asociación han insistido en que la reparación no puede limitarse a palabras. «El Estado, cuando repara, debe hacerlo con hechos y eso empieza por la desclasificación de los documentos, es una cuestión de justicia y de dignidad», ha concluido Recio.
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