La Sección de Civil y Consumo de la Fiscalía de Córdoba ha procedido al archivo de las diligencias sobre la intoxicación alimentaria en enero en la capital con más de 40 personas, falleciendo una de ellas, aunque no se ha determinado si fue a causa de dicha intoxicación, por el consumo de montaditos de pringá servidos por una taberna, todo ello después de que la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía incoó expediente administrativo.
Según detalla el Ministerio Público, dicho expediente se inició al objeto de conocer y, en su caso, establecer la responsabilidad y sanciones de carácter administrativo en que pudiera haber incurrido el establecimiento, «estando éste en tramitación y todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan a las personas que pudieran haber resultado afectadas por el consumo de estos alimentos».
En concreto, en el mes de enero se incoaron en la Fiscalía Provincial las diligencias preprocesales civiles como consecuencia de tener conocimiento, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, de la intoxicación de varias personas «probablemente por ingesta de alimentos que pudieran proceder de un establecimiento abierto al público en Córdoba».
En virtud de lo anterior, se libraron los oficios oportunos con el fin de «conocer las circunstancias por las que se podría haber producido esta intoxicación y resolver sobre el procedimiento a seguir». Una vez recibida la información correspondiente, se ha resuelto el archivo por decreto de fecha 14 de julio.
Mientras, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta informó en abril del cierre de la investigación que abrió por la intoxicación alimentaria por el consumo de montaditos de pringá servidos por una taberna, contra la que «tramita un expediente sancionador», a raíz de la propuesta que, en tal sentido, hicieron en febrero los inspectores de Salud que visitaron el establecimiento tras detectarse la intoxicación.
«Graves deficiencias»
Así lo confirmaron fuentes de la Junta, recordando que los inspectores calificaron las «deficiencias detectadas» en la taberna «como graves por considerar que pueden suponer un peligro con posible riesgo para la salud, proponiendo la incoación de procedimiento sancionador si se estima oportuno» y, como consecuencia de ello, en Salud se estimó que la documentación aportada por los inspectores debía «ser ampliada y detallada, al objeto de valorar todas las circunstancias del caso concreto», y hacerlo «con la mayor precisión posible».
Se trataba de analizar «los hechos susceptibles de motivar la incoación de un procedimiento sancionador, la identificación de los sujetos responsables y todas las circunstancias relevantes», habiendo determinado ahora Salud, tras cerrar la investigación, el inicio efectivo del «procedimiento sancionador».
La Consejería de Salud y Consumo ya señaló en su momento, tras conocer el informe de los inspectores, que las «deficiencias» detectadas en el caso de la intoxicación con los montaditos con pringá «se asocian a todo el proceso seguido el día que se produjo el brote», el 4 de enero, el cual se unió a «un contexto de tensión por las condiciones higiénicas y de manipulación».