La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio de Sandra Peña, menor de 14 años, que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido presuntamente acoso escolar.
Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Aún no se ha recibido el atestado policial relativo a lo ocurrido por lo que estos expedientes constituyen las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.
No se siguió el protocolo
Cabe enmarcar que este mismo lunes el Ministerio Público ha recibido la documentación realizada por inspección educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía sobre el seguimiento del protocolo por acoso en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que estudiaba la menor que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar.
La Fiscalía ha tomado esta decisión tras informar la pasada semana de que el centro educativo no activó ni el protocolo de acoso ni de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. En consecuencia, anunció que derivaría al Ministerio Público toda la información del caso y abriría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.
Asimismo, durante la presente jornada la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave» del mismo.
«Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta», han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.
En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, confirmó el pasado jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes.
El Defensor del Pueblo, por su parte, ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», ha remarcado.
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