La Fiscalía Superior de Andalucía ha recibido la denuncia presentada por el Defensor del Paciente en la que se solicita la apertura de una investigación de oficio por los errores detectados en el programa de cribado del cáncer de mama de la Junta de Andalucía. La Administración autonómica ha reconocido fallos en el protocolo que provocaron retrasos de hasta un año en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras mamografías con resultados no concluyentes.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la denuncia fue registrada el pasado viernes. El Defensor del Paciente reclama a la Fiscalía que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por «dejación de funciones», al considerar que la demora ha puesto en «grave riesgo» la salud de las mujeres afectadas. Según la entidad, «cuando se pone en marcha un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos», ya que el incumplimiento «solo causa sufrimiento y costes añadidos al sistema público».
La respuesta de la Junta
Ante la detección del problema, la Junta de Andalucía está contactando con unas 2.000 mujeres que deben someterse a una segunda prueba para descartar posibles lesiones tumorales. El presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró este lunes que el SAS trabaja «a contrarreloj» para resolver los retrasos y establecer un nuevo protocolo que evite futuros errores. «Personalmente, he tenido información de esto muy tarde porque los sistemas de información han fallado y no han llegado», reconoció durante la inauguración del centro de salud de Piedras Redondas, en Almería.
Moreno afirmó que la Junta ha actuado «con celeridad» desde el momento en que tuvo «conciencia» del problema y que durante el fin de semana se ha realizado un diagnóstico pormenorizado de la situación. «Estamos auditando todo el cribado para saber exactamente dónde ha estado el error, subsanarlo y realizar las pruebas pertinentes a todas las mujeres afectadas», explicó.
El presidente anunció además la puesta en marcha de una auditoría para determinar el origen del fallo y depurar las responsabilidades necesarias. Confió en que la solución refuerce el sistema sanitario público y avanzó que el plan de mejora resultante se compartirá con otras comunidades autónomas a través del Sistema Nacional de Salud.
Moreno pidió, no obstante, que esta situación no empañe la labor del sistema sanitario andaluz, «que todos los días salva vidas», y destacó el trabajo de los 30.000 profesionales del SAS. «Se hacen cosas maravillosas cada día, y aunque lamentamos profundamente los errores, seguimos teniendo un sistema muy garantista», concluyó.
Las afectadas estudian una demanda colectiva
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha convocado para este martes en su sede de Sevilla a las mujeres afectadas por los retrasos en las pruebas diagnósticas del cribado del cáncer de mama para estudiar la presentación de una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Desde la asociación califican la situación de «absoluta negligencia» que, a su juicio, «puede incluso tener consecuencias penales tanto para los infractores como para quienes pretendan eludir responsabilidades». Tras reunirse con la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, Amama recordó que la propia Junta ha admitido que unas 2.000 mujeres podrían tener mamografías con resultados «no concluyentes» que requieren pruebas adicionales para descartar lesiones tumorales.
Los primeros análisis del SAS apuntan a que Cádiz, Sevilla y Málaga son las provincias con más casos pendientes de revisión. «No podemos aún cuantificar el número de afectadas porque nuestros teléfonos y correos están colapsados con cientos de llamadas de mujeres preocupadas y, lo que es peor, con miedo», alertó la asociación.
Amama exige que se «depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias» y considera «insuficientes» las disculpas del presidente Juanma Moreno y de la consejera de Salud. «Es injustificable que responsables de la Junta intenten justificar lo ocurrido», subraya la entidad, que insiste en que se trata de una «grave negligencia» en un programa sanitario «vital» para la detección precoz del cáncer de mama.
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