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La Guardia Civil detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas. Las mismas fuentes han indicado que Díez, tras su detención, se encuentra en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en el municipio de Tres Cantos.

Cabe recordar que Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.

El juez instructor considera que la exmilitante y exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada»

De hecho, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez instructor considera que la exmilitante y exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Díez declaró el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores.

Además, durante su declaración como imputada hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 dio el salto a la empresa pública, cuando empezó en Enusa, perteneciente a la SEPI y donde, tras un «previo proceso de selección», se incorporó como «técnico de comunicación».

En Enusa estuvo hasta 2021, cuando -según dijo- se fue con una excedencia voluntaria porque vio una oferta de trabajo en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.

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