La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha defendido que la futura Ley Universitaria para Andalucía, actualmente en tramitación parlamentaria, respeta plenamente la autonomía de las instituciones académicas. El departamento respondió así a las advertencias del presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Francisco Oliva, quien afirmó que el texto está «en el límite de la inconstitucionalidad» y que algunos artículos «bordean» la legalidad.
La Consejería sostiene que «ninguno de los preceptos» de la LUPA vulnera la autonomía universitaria y que las modificaciones incorporadas al borrador que obtuvo el apoyo unánime de los rectores hace un año proceden de los informes emitidos por organismos como el Consejo de Transparencia, el Consejo Asesor de Estudiantes, la Agencia de la Competencia, el Gabinete Jurídico y el Consejo Consultivo.
La Junta señala como único cambio de calado la incorporación obligatoria de un interventor externo, figura que en el anteproyecto tenía carácter facultativo. Argumenta que este puesto existe ya en todas las administraciones públicas y que su implantación busca reforzar los mecanismos de control, evitando situaciones como la ocurrida en la Universidad de Málaga, que «gastó 80 millones sin la autorización exigida por la Ley».
El Gobierno andaluz subraya además que el Consejo Consultivo examinó de forma específica el respeto a la autonomía universitaria y concluyó que la comunidad autónoma es competente para aprobar la normativa. Las críticas de los rectores se centraron en que el texto que ha llegado al Parlamento difiere en aspectos esenciales del documento pactado hace un año. Consideran que la norma introduce «una injerencia política» que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Aunque admiten que no podrán recurrir la ley, aseguran que estaban obligados a manifestar su posición.
La polémica por la LUPA
Entre los puntos que generan mayor preocupación está la revisión semestral de la contratación de personal sustituto, una obligación que la AUPA califica de «injerencia injustificada». También alertan de que la oferta de plazas de profesorado quede supeditada a la aprobación de la Junta, cuando, recuerdan, la LOSU atribuye esa competencia a las propias universidades.
En materia de figuras docentes, cuestionan la creación del profesor singular invitado por considerar que no aporta nada distinto a las modalidades ya previstas en la legislación estatal. En cuanto a los profesores eméritos, apuntan que la LOSU deja su regulación en manos de cada universidad, por lo que la intervención de la LUPA en este ámbito sería un «error técnico de competencias».
Los rectores también reclaman que las becas de internacionalización se destinen exclusivamente al alumnado de las universidades públicas, piden revisar el número de miembros del Consejo Social designados por la Junta —nueve, un volumen que creen que puede afectar a la independencia del órgano— y solicitan que las nuevas universidades se adapten a la norma desde su creación, sin un año adicional de margen.
Respecto al interventor externo obligatorio, Oliva afirmó que no comprende el cambio introducido, especialmente cuando las universidades ya son fiscalizadas anualmente por la Cámara de Cuentas. A su juicio, esta figura añadirá burocracia y ralentizará la gestión. El parlamentario del Partido Popular José Carlos García defendió en la comisión que la ley cuenta con el aval de los servicios jurídicos y del Consejo Consultivo, y justificó la figura del interventor recordando que «cuatro ojos ven más que dos» y que su implantación busca evitar irregularidades como las detectadas en Málaga.
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