La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla en el que estudiaba la menor que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave» del mismo.
«Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta», han explicado a fuentes de la Consejería.
No activó el protocolo
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional confirmó el 16 de octubre de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, informó de que derivaba a la Fiscalía toda la información del caso y abría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.
La Inspección Educativa abrió «de forma inmediata» una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.
Defensor del Pueblo Andaluz
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado igualmente la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor. Ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», ha remarcado.
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