La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado en el Parlamento andaluz que los protocolos para prevenir y atender casos de acoso escolar en Andalucía «sirven» y que todos los procedimientos abiertos «tienen un seguimiento» por parte de la Inspección educativa. Castillo ha defendido que su departamento «está haciendo muchísimas cosas» en esta materia, con 221 actuaciones formativas de las que se han beneficiado más de 12.000 docentes.
En su intervención, la consejera ha advertido de que «el acoso escolar no es un problema de los centros», sino una responsabilidad colectiva que debe implicar a toda la sociedad. «Todos tenemos que contribuir», señaló, apelando a partidos, comunidad educativa y medios de comunicación, a los que reprochó «llevar dos semanas dándole vueltas» al suicidio de Sandra Peña, una estudiante sevillana cuya familia denunció que sufría acoso escolar en el colegio concertado Irlandesas Loreto.
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«Los centros no son responsables de lo que ocurre fuera del horario escolar»
Castillo subrayó que «antes el acoso se producía de nueve a dos de la tarde», pero que ahora los centros «no son responsables de lo que ocurre a partir de las dos», en referencia al impacto de las redes sociales. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había pedido a las tecnológicas que bloqueen el uso de redes a menores que acosen «de manera reiterada» a otros.
Desde Por Andalucía se criticó que «el sistema no funciona» y que los protocolos «llegan tarde», aludiendo al caso de Sandra Peña, en el que la Junta ha abierto un expediente al centro Irlandesas Loreto por no activar los mecanismos preceptivos. «La respuesta fue la ignorancia», lamentó la formación, que exigió al Gobierno andaluz «menos márketing y más responsabilidad».
El PSOE-A reclama recursos y control
El Grupo Socialista también cargó contra la consejera, a quien pidió que «no mire para otro lado como nos tiene acostumbrados». Los socialistas denunciaron que si los protocolos «no están dotados de fondos ni de personal, no sirven para nada». «Andalucía está consternada y aterrada», advirtió el PSOE, que reclamó transparencia sobre los controles de la Inspección y los datos de los casos abiertos.
«Esto no puede volver a pasar», concluyeron los socialistas, reclamando a la Junta una revisión profunda del sistema de prevención y atención al acoso escolar.
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