La Junta de Andalucía ha anunciado un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde aprobado por el Estado en el entorno de Doñana, al considerar que esa delimitación puede no ajustarse del todo a la realidad física y ambiental de la zona. La decisión afecta a una amplia superficie de marismas que ha quedado incluida dentro del dominio público marítimo-terrestre, una figura legal que protege espacios vinculados a la costa y al agua.
El asunto tiene especial relevancia porque Doñana no es un espacio cualquiera. Se trata de uno de los enclaves naturales más valiosos de Europa, con un enorme valor ecológico por su biodiversidad, sus humedales y su papel clave para numerosas especies. Por eso, cualquier decisión sobre sus límites o sobre los usos permitidos en su entorno suele tener una gran repercusión ambiental, social y económica.
Qué es el deslinde y por qué ha generado inquietud
En este caso, la polémica gira en torno al deslinde, es decir, el proceso con el que la Administración fija qué terrenos forman parte del dominio público marítimo-terrestre. Cuando un suelo entra dentro de esa categoría, su régimen de uso cambia y puede quedar sometido a más restricciones, algo que influye tanto en la gestión del territorio como en la situación de los propietarios y actividades que existen en la zona.
Según explicó la consejera andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, la medida ha provocado preocupación entre propietarios, agricultores y ayuntamientos del entorno de Doñana. El motivo es que la delimitación afecta a terrenos que durante décadas han tenido determinados usos y que ahora podrían verse condicionados por esta nueva consideración administrativa.
La Junta dice que no se opone a proteger Doñana
La responsable andaluza quiso dejar claro que la posición del Gobierno andaluz no va contra la protección de Doñana. Al contrario, defendió que este espacio natural debe seguir siendo preservado con el máximo cuidado. Sin embargo, sostuvo que una decisión de este tipo debe apoyarse en criterios técnicos muy sólidos, en estudios rigurosos y en un conocimiento profundo de cómo funciona realmente ese territorio.
Catalina García insistió en que delimitar espacios tan sensibles no debería hacerse sin tener en cuenta la realidad ecológica y geomorfológica del terreno. Es decir, no solo importa la protección legal, sino también comprender bien la forma del territorio, su evolución natural y el comportamiento de las marismas para que las decisiones respondan a la situación real sobre el terreno.
La consejera reclama más diálogo y base científica
Durante su intervención, la consejera defendió que las decisiones sobre Doñana deben construirse desde el rigor científico, el diálogo institucional y el respeto a los órganos de participación. Con ese mensaje, la Junta reclama una forma de actuar en la que las distintas administraciones implicadas puedan intercambiar criterios y buscar soluciones con mayor consenso.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sostiene además que la conservación del litoral y de los ecosistemas costeros sigue siendo una prioridad del Ejecutivo andaluz. Por ello, el recurso presentado no pretende, según la Junta, frenar la protección del espacio natural, sino revisar una delimitación concreta que considera discutible para que las medidas que se adopten encajen mejor con la realidad de Doñana y con las necesidades de su entorno.
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