Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado en Níjar (Almería) y cuya desaparición movilizó a la sociedad durante varias semanas, va a comparecer este miércoles para denunciar su situación de «desamparo y desprotección institucional y judicial» así como las «posibles irregularidades» que se investigan en la prisión de Brieva (Ávila), donde la condenada por el crimen del menor, Ana Julia Quezada, cumple pena de prisión permanente revisable.
La madre del ‘pescaíto’ tiene previsto abordar lo que considera una «vulneración de derechos al amparo del estatuto de la víctima, normativa europea y otras normas afines» durante los últimos meses, en los que mediante su acción y el apoyo social paralizó la producción de ‘true crimen’ sobre el caso de su hijo que contaría con la colaboración directa de Ana Julia Quezada.
Su comparecencia ante los medios surge después de que trascendiera la investigación por un presunto delito de cohecho que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila contra, al menos, un funcionario de la prisión que habría facilitado a la reclusa un teléfono móvil a cambio de favores sexuales.
Las diligencias judiciales se incoaron hace un año a raíz de la denuncia que la madre del menor realizó ante la Guardia Civil, si bien el Juzgado sigue practicando diligencias para «determinar si existen más implicados en los hechos denunciados», según han trasladado fuentes del TSJ de Castilla y León.
El subdelegado de Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado que en total han sido dos los trabajadores de la prisión de Brieva (Ávila) que han sido investigados por la Guardia Civil por los hechos –un funcionario y otro trabajador en régimen de personal laboral–, de modo que ambos han dejado de prestar servicio en el centro penitenciario.
Según publica el diario ‘El País’, el juzgado cuenta en su poder con la declaración de un educador del centro penitenciario, la cual coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada.
Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con un funcionario de la prisión y con el cocinero; relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar «chantajear» a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.
Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconocería que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el informe hecho público de la directora.
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