La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reprochado a las administraciones andaluza y malagueña su resistencia a declarar Málaga como zona de mercado residencial tensionado. Las declaraciones coinciden con la publicación en el BOE de 24 nuevos municipios que se acogen a esta medida, elevando a 301 las localidades protegidas por la Ley de Vivienda.
Rodríguez no ha dudado en calificar Málaga como «una de las ciudades más imposibles de nuestro país» en términos de acceso a la vivienda, mostrando su incomprensión ante la negativa a aplicar medidas de contención de precios. La ministra ha insistido en que la capital malagueña reúne todos los requisitos para beneficiarse de los mecanismos extraordinarios que contempla la normativa estatal.
La ministra califica Málaga como “una de las ciudades más imposibles” para acceder a vivienda
El Gobierno central, del socialista Pedro Sánchez, defienden la eficacia de las zonas tensionadas basándose en los resultados obtenidos en Barcelona, donde aseguran haber logrado descensos de precios de entre el 4,8% y el 8,5%. Según datos oficiales, esta reducción no ha perjudicado la oferta de alquileres, registrándose 11.000 nuevos contratos en la ciudad condal durante el último periodo.
«Espero que ante la evidencia de que la ley de Vivienda funciona, que consigue bajar los precios y que nos hace invertir más en estos territorios a las administraciones públicas, todos vayamos entrando en razón, en beneficio de la gente que sufre el problema de acceso a la vivienda y mantengan un esfuerzo de no más del 30% en el coste de su vivienda», concluyó Rodríguez, que resumió esta legislación como que no permite la subida de los alquileres y que bonifica a los propietarios que bajen sus rentas.
Negativa del PP andaluz
El Ayuntamiento de Málaga, con Francisco de la Torre (PP) al frente, ha rechazado sistemáticamente solicitar la declaración de zona tensionada. Los responsables municipales mantienen que la Ley de Vivienda produce efectos contraproducentes, reduciendo la oferta disponible en lugar de abaratar los precios del mercado.
La Junta de Andalucía, presidida por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, mantiene bloqueada la aplicación de esta figura en todo el territorio regional. Esta posición impide que municipios como Málaga puedan acogerse a las medidas de contención, independientemente de la voluntad municipal.
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Los precios de la vivienda en Málaga han experimentado incrementos sostenidos durante los últimos años, situándose entre los más elevados de España. Esta escalada afecta especialmente a los sectores de población con menores recursos, que encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna en la ciudad.
El auge del sector turístico y la proliferación de viviendas de uso turístico han contribuido a tensionar el mercado residencial malagueño. La competencia entre residentes locales y demanda vacacional ha provocado un encarecimiento generalizado que afecta tanto a la compraventa como al alquiler.
A Coruña se suma
La última ampliación incluye 21 municipios navarros, encabezados por Pamplona, además de San Sebastián y A Coruña. Esta última localidad marca un hito al convertirse en el primer municipio de una comunidad gobernada por el PP que adopta la medida.
El mapa nacional de zonas tensionadas refleja importantes desequilibrios territoriales. Mientras Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia cuentan con municipios protegidos, comunidades como Andalucía, Madrid o Valencia permanecen al margen de esta herramienta.
Isabel Rodríguez asegura que la ley «funciona y consigue bajar los precios»
La ministra ha concluido su intervención apelando a que todas las administraciones «entren en razón» ante la evidencia de que la ley «funciona y consigue bajar los precios». Rodríguez ha subrayado que esta normativa también impulsa la inversión pública en vivienda asequible en los territorios más necesitados.
Desde el Ministerio confían en que los resultados positivos registrados en otras ciudades puedan influir en el cambio de postura de las administraciones reticentes. La presión social derivada de los problemas de acceso a la vivienda podría ser determinante en esta evolución.
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