La Policía Local de Córdoba ha intensificado durante 2025 la vigilancia sobre el uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR), con resultados preocupantes: 88 propuestas de sanción por uso indebido y 19 atestados judiciales por presunta falsificación documental. Las cifras revelan un problema que va más allá de la simple infracción administrativa y que afecta directamente a quienes realmente necesitan estos espacios reservados.
Desde fallecidos hasta falsificaciones
Los casos detectados por los agentes municipales presentan una variedad de situaciones fraudulentas. Entre las más comunes destacan tarjetas manipuladas que pertenecían a personas ya fallecidas, otras con fechas de caducidad alteradas, y un número significativo de casos en los que familiares utilizaban la tarjeta sin que el titular estuviera presente en el vehículo.
En los casos más graves, la policía ha intervenido tarjetas completamente falsificadas, manipuladas o reproducidas sin ningún tipo de autorización. Estas conductas no solo representan una ventaja indebida al aparcar, sino que pueden constituir un delito penal con consecuencias importantes.
Consecuencias legales severas
El uso fraudulento o la falsificación de estas tarjetas puede ser considerado delito de falsedad documental, según recoge el artículo 392 del Código Penal en relación con el artículo 390. Las penas previstas para quienes, sin ser autoridad o funcionario público, participen en la falsificación o usen documentos oficiales falsos van desde seis meses hasta tres años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre seis y doce meses.
La Policía Local subraya que estas actuaciones tienen una doble dimensión: por un lado, constituyen infracciones administrativas o penales según la gravedad; por otro, perjudican directamente a las personas con movilidad reducida, que ven limitadas sus posibilidades reales de estacionamiento cuando conductores sin derecho ocupan fraudulentamente los espacios reservados.
Retirada cautelar de tarjetas
Como parte de los procedimientos sancionadores, todas las tarjetas implicadas en usos indebidos han sido retiradas de forma cautelar, siguiendo la normativa vigente. Esta medida busca impedir que la infracción se mantenga o se repita mientras se tramita y resuelve el expediente administrativo o judicial correspondiente.
La retirada cautelar representa una garantía adicional para evitar que las tarjetas fraudulentas sigan siendo utilizadas durante los meses que puede durar la tramitación de un procedimiento sancionador o penal.
Recordatorio sobre el uso correcto
La Policía Local insiste en que las tarjetas PMR son personales e intransferibles. Esto significa que únicamente pueden ser utilizadas cuando el titular de la tarjeta está presente y hace uso efectivo del vehículo estacionado. Prestar la tarjeta a un familiar, aunque sea con buena intención, constituye una infracción.
El uso indebido puede acarrear sanciones administrativas importantes, que incluyen multas económicas y la retirada definitiva de la tarjeta. En los casos de falsificación o manipulación, el asunto trasciende lo administrativo y el presunto autor es puesto a disposición judicial para que sea la justicia quien determine las responsabilidades penales.
Compromiso ciudadano con la accesibilidad
Las autoridades municipales han hecho hincapié en que el respeto a las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida debe ser un compromiso colectivo de toda la ciudad. Estos espacios no son simplemente plazas de aparcamiento privilegiadas, sino herramientas esenciales para garantizar la autonomía, la independencia y la calidad de vida de personas que enfrentan limitaciones físicas en su día a día.
La Policía Local ha anunciado que los controles continuarán de forma regular para garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar que estos espacios reservados cumplen su verdadera función: facilitar la movilidad de quienes más lo necesitan. La vigilancia se mantendrá tanto sobre el uso de las tarjetas como sobre la ocupación de las plazas reservadas por parte de vehículos sin autorización.
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