La resignificación del Valle de los Caídos, para la que el Gobierno español ha lanzado recientemente un concurso de ideas tras una negociación con la Iglesia, es uno de los asuntos que han quedado pendientes en España y que previsiblemente coincidirán con el pontificado del recién elegido Papa León XIV.
En concreto, Prevost llega al Pontificado poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que se había logrado un acuerdo con la Iglesia para resignificar el Valle de los Caídos, manteniendo a los monjes benedictinos en la abadía, la basílica y la cruz.
León XIV se escribe con tilde: el sacerdote Martínez es otro defensor del acento hispano
Lanzar un concurso de ideas
Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes explicaron recientemente que para poder lanzar el concurso de ideas, primer paso para llevar a cabo esta resignificación, antes tuvieron que llegar a un acuerdo con la Iglesia para poder llevar a cabo acciones de resignificación dentro de la basílica, al tratarse de un lugar de culto. Este acuerdo, según explicaron, fue posible gracias a las «negociaciones» con el Arzobispado de Madrid y el Vaticano.
Desde la Archidiócesis de Madrid señalaron que lo único definitivamente acordado había sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma.
Resignificación
En cuanto a la cruz, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aseguraron que el Gobierno «jamás» pensó en derribarla porque consideran que sin ella no se puede explicar el significado del Valle.
Las mismas fuentes aclararon que el proceso de resignificación ya empezó «hace tiempo», con «hitos» como la exhumación del dictador Francisco Franco.
Precisamente, la relación del Gobierno español con la Iglesia liderada por el predecesor de Prevost, el Papa Francisco, estuvo marcada en los últimos tiempos por la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
La exhumación del dictador culminó sin incidentes el 24 de octubre de 2019. El Gobierno había consultado al Vaticano sobre el proceso y la Santa Sede se pronunció en diferentes ocasiones en relación al mismo señalando que la decisión concernía a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local y recalcando que era competencia del Estado español y estaba sometido al Derecho y a la Justicia española.