El Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado este jueves la sentencia por la que ha avalado la ley de amnistía, con una división entre la mayoría progresista y la minoría conservadora que se ha agravado por los reproches cruzados que aluden a «maniobras dilatorias», en un caso, y a la imposición de una decisión «ya tomada», en otro. «Esto no es un tribunal», lamentan algunas voces de la corte de garantías consultadas por Europa Press.
La ley de amnistía entró en vigor el 10 de junio de 2024 y, poco después, entre julio y septiembre, empezaron a llover los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Desde entonces, las tensiones han sido constantes entre ambos bloques hasta alcanzar un punto que no pocos consideran ya «insoportable».
Los primeros roces surgieron por la ristra de peticiones de recusación y abstención lanzadas contra varios magistrados. El conservador José María Macías quedó apartado, a instancias de Fiscalía, al entender que estaba contaminado porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó de la ley de amnistía como parte del trámite parlamentario.
Un Tribunal Constitucional dividido avala la amnistía al ‘procès’
Por contra, el Pleno desechó las peticiones para apartar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y sus compañeros progresistas Inmaculada Montalbán, Laura Díez o Juan Carlos Campo. Este último, en lo que puede considerarse la única decisión pacífica en relación con esta ley, optó por abstenerse por decir que la amnistía era «claramente inconstitucional» en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el ‘procés’.
El Pleno llamado a sentenciar la amnistía pasó así a contar con un magistrado menos en cada bloque, quedando conformado por seis progresistas, incluida Montalbán como encargada de redactar la ponencia, y cuatro conservadores.
Para estos últimos, conforme han reflejado en sucesivos votos particulares, se trata de un Pleno fruto de un procedimiento irregular, «sin cobertura legal», porque la recusación de Macías se extendió automáticamente de un asunto, en el que sí se cumplieron las formalidades requeridas, a todos los demás relativos a la amnistía.
El TC entró entonces en una especie de hibernación en lo tocante a la amnistía. Montalbán designó un equipo de letrados del TC para ayudarla a redactar el borrador de sentencia, trabajando desde ese momento bajo «el máximo secretismo».
La interrupción por la Audiencia de Sevilla
Este letargo se vio interrumpido cuando la Audiencia Provincial de Sevilla anunció su intención de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para desoír la sentencia del TC sobre el ‘caso ERE’, un movimiento que podría servir de precedente para el TS respecto al fallo de este jueves. Conde-Pumpido, provocando malestar dentro de su propio grupo, forzó un debate para analizar si esto era posible pero, ante la falta de apoyos, concluyó sin acuerdo.
En la recta final hacia la sentencia de la amnistía, tres magistrados conservadores –Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa– pidieron a Conde-Pumpido que paralizara el fallo a la espera de que el TJUE respondiera a las dudas de otros tribunales españoles sobre el encaje de esta ley en el derecho comunitario o que el TC planteara su propia pregunta, pero el presidente lo descartó, algo que finalmente el Pleno ha ratificado.
‘In extremis’, Arnaldo dirigió varios escritos al presidente del TC reclamándole que, en vez de concentrar el debate en el Pleno monográfico programado para esta última semana de junio, habilitara también los dos previstos para julio. Y ello, para dar tiempo a un estudio «sosegado», así como para que el TJUE celebrara su primera vista por las cuestiones relativas a la amnistía, fijada para el 15 de julio.
Conde-Pumpido también lo descartó, emplazando a las deliberaciones del cónclave para resolver este asunto. Los magistrados han rechazado acudir a la corte de Luxemburgo al considerar que la ley se ciñe a asuntos «eminentemente nacionales».
Como colofón, a pocos días de que el TC se adentrará de lleno en el examen de la amnistía, la ponencia de Montalbán se dio a conocer en la prensa antes incluso de que se repartiera oficialmente entre todos los magistrados.