El próximo miércoles, 8 de octubre, el Parlamento Europeo debatirá en sesión plenaria la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, con especial atención a las detenciones supuestamente arbitrarias de dos ciudadanos andaluces. Son un granadino y otro cordobés que permanecen recluidos desde el pasado 22 de enero en la prisión de ‘Black Beach’ de Malabo, en condiciones que sus familias califican de «extremadamente graves».
D.R.B., natural de Granada, y J.M.M., de Córdoba, fueron detenidos hace más de nueve meses en el marco de una investigación por presunta corrupción vinculada al proyecto de implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país africano. Ambos trabajaban para la empresa española Wayang Tecknical como administrativo y técnico de vídeo, sin ningún cargo directivo ni poder ejecutivo en la compañía.
Las familias de los detenidos denuncian condiciones inhumanas y aislamiento total en la prisión ‘black beach’ de Malabo
Según el testimonio de las familias, los dos españoles fueron arrestados tras acudir a una reunión convocada por las autoridades guineanas en representación del director de la empresa, quien había abandonado el país el día anterior. Desde entonces, su situación no ha dejado de deteriorarse.
Estado de salud crítico
Las condiciones de detención que sufren ambos presos son alarmantes. Comparten celda con 18 reclusos más, duermen en una misma cama compartida y llevan cuatro meses sin poder salir al patio ni recibir visitas de familiares o abogados. La falta de salubridad y la deficiente alimentación han provocado enfermedades crónicas e infecciones graves. Todo esto siempre según el relato de las familias.
J.M.M. ha perdido 20 kilos de peso y ha sido ingresado en la enfermería de la prisión en estado crítico, tanto físico como psicológico. «Se teme por su vida», alertan sus familiares, que denuncian un estado de «desesperación extrema». Ambos han protagonizado varias huelgas de hambre e incluso han pasado por la celda de castigo.
Súplica al Gobierno
Las familias aseguran haber agotado todas las vías institucionales: han contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Malabo, la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo, varias ONG, la Casa Real e incluso la ONU. Pese a las promesas de mejora en las condiciones carcelarias y el traslado a otras dependencias, ninguna gestión ha dado resultado.
«Han rogado al Gobierno español que establezca contacto directo con el jefe de Estado guineano, porque es la única solución viable», explican fuentes cercanas al caso. Siguiendo el consejo de sus abogados, las familias presentaron el caso ante varios eurodiputados, que votaron a favor de tratarlo por la vía urgente en el pleno de esta semana.
«No queremos que dentro de unos días nos den el pésame. Aún están a tiempo de salvarles la vida»
La votación sobre resoluciones urgentes en materia de derechos humanos tendrá lugar el jueves 9 de octubre, un día después del debate. Además de los dos ciudadanos españoles, otros diez trabajadores ecuatoguineanos permanecen arrestados en el marco de la misma investigación por presunto fraude, sobornos, evasión fiscal y negociaciones prohibidas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que la Embajada de España en Malabo sigue «puntualmente» y «desde el primer momento» el caso para «prestar asistencia consular a los afectados». Sin embargo, las familias insisten en que no es suficiente: «No queremos que dentro de unos días nos den el pésame. Aún están a tiempo de salvarles la vida», transmiten en un comunicado de prensa al que ha tenido acceso este medio.
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