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16/05/2022
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La supresión del contrato de obras y servicios en la reforma laboral afecta a un millar de investigadores de UMA

La reforma laboral tal y como está planteada en cuanto a la supresión del contrato de obras y servicios afectará a casi un millar de investigadores de la Universidad de Málaga (UMA); una afección «muy grave y muy preocupante», según ha indicado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Teodomiro López.

La aplicación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo tendría, según la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), efectos no deseados para estos centros debido a la desaparición –con carácter general– del contrato de obra o servicio determinado operada por la nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, al no incluir una alternativa de contratación que dé respuesta a las necesidades el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esta figura es de frecuente utilización en las áreas de la investigación y la transferencia del conocimiento, donde los proyectos científicos a los que concurren los investigadores se desarrollan mayoritariamente en un contexto internacional muy competitivo y de carácter temporal.

En declaraciones a Europa Press, Teodomiro López ha especificado que actualmente hay más de 1.100 personas contratadas por obras y servicios en la Universidad de Málaga (UMA). De ellos, más de 670 son nuevos contratos y 412 son renovaciones de años anteriores.

A 31 de diciembre de 2021, ha explicado, los investigadores involucrados en proyectos de la Universidad de Málaga son 1.167 y, de ellos, únicamente 170 no estarían afectados por la reforma laboral, ya que reciben fondos para sus investigaciones de Europa o de los de recualificación Next Generation.

«Los demás, todos, están en este problema», ha advertido López, quien ha confiado en que antes de finales de marzo haya una respuesta para atender la situación en la que se encuentran estas personas.

Así, ha incidido en que es un asunto «muy importante, muy grave y muy preocupante», aunque ha destacado que la CRUE se haya percatado «de manera inmediata de que sin ellos podría colapsar el sistema de investigación nacional».

A nivel nacional, ha apuntado López, hay unas 25.000 personas afectadas, «una masa crítica muy importante y estoy esperanzado en que antes del 31 de marzo se resuelva». «Hablamos de muchas personas y la universidad, lamentablemente, no tiene capacidad de asumir bajo ningún concepto porque quedaría colapsada», ha explicado.

Al respecto, el vicerrector ha asegurado que está de acuerdo con el Ministerio de Universidades y con la política del Gobierno para «intentar evitar o minimizar la precariedad; quién más que nosotros que lo sufrimos y lo vemos», ha subrayado.

«Hay que apostar por la estabilidad y que la carrera investigadora se dignifique pero no hacerlo de manera drástica que ponga en jaque a la Universidad y a los centros de investigación», ha opinado Teodormiro López.

En cuanto a la situación de esas personas contratadas para los proyectos, ha señalado que se concurre a los mismos para captar fondos y, una vez se obtienen, es el investigador principal quien conoce el dinero con el que se cuenta y, por tanto, se realizan contratos. «Son personas que están cotizando, en un régimen laboral perfectamente reglado con una duración concreta», ha explicado, incidiendo en que la comunidad universitaria quiere la dignificación de la investigación.

En ese millar de investigadores que se podrían ver afectados por la supresión de este tipo de contratos hay de todos los ámbitos, y más en el caso de la universidad malagueña al ser un número tan elevado, poniendo como ejemplo que hay personal de ingenierías, de humanidades o ciencias sociales, pero también jurídicas o de salud, entre otras muchas.

La única esperanza, ha admitido, es que es un problema global: «Somos muchos y hay un movimiento muy importante de que hay que saber conjugar la estabilidad y no poner en jaque de manera drástica las universidades», insistiendo en que se produzca una modificación que permita a los investigadores realizar su labor.

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