La implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga, que comenzará a sancionar a partir del 30 de noviembre, sigue levantando una fuerte oposición política y jurídica. Vox ha presentado este miércoles su escrito de conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo que mantiene contra el Ayuntamiento. La formación considera que la ordenanza que regula esta medida es «nula de pleno derecho» y que se trata de una decisión «meramente recaudatoria».
El vicesecretario jurídico de Vox en Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha asegurado que la ZBE supone una clara desigualdad entre vecinos. «En esta zona de bajas emisiones hay discriminaciones a todos los vecinos de municipios colindantes a Málaga o de fuera de la ciudad, como Rincón de la Victoria o Torremolinos, que por no tener domiciliado el impuesto en Málaga van a sufrir las sanciones y las multas del Ayuntamiento».
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Según el abogado, esta situación vulnera principios básicos recogidos en la normativa europea. «Las propias directivas de la Unión Europea han penalizado siempre la discriminación. Si se hacía con no residentes en España, con más razón debería hacerse con los propios residentes de la provincia», ha subrayado.
Falta de alternativas y mediciones «insuficientes»
Otro de los argumentos centrales de Vox es la carencia de opciones reales de movilidad antes de imponer restricciones. «Para implantar unas medidas tan restrictivas como coartar la libertad de movimiento de los ciudadanos, el Ayuntamiento debería haber medido qué otras alternativas son aplicables», ha afirmado Ruiz Ballesteros. Ha criticado la falta de cobertura del metro y ha advertido de que «las carreteras colindantes se van a llenar de coches que seguirán emitiendo los mismos gases».
También ha puesto en cuestión el informe medioambiental que respalda la ordenanza. «El propio estudio del Ayuntamiento determina que no hay emisiones suficientes como para justificar el cierre», ha explicado. Según ha detallado, solo se instalaron nueve puntos de medición, de los cuales tres estaban fuera de la zona. «De las seis restantes, una ni siquiera se conectó y solo cinco funcionaron durante cuatro meses. Esos datos son claramente insuficientes», ha insistido.
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Críticas al informe económico
Ruiz Ballesteros ha calificado el informe económico de la ZBE como «un palo tremendo». Ha asegurado que «lo firmaron dos profesionales, un jurista y un economista, pero el economista ha reconocido que no es el autor». A su juicio, esta irregularidad debería invalidar el documento: «No se puede sustentar una ordenanza con un informe que es, en la práctica, un fraude procesal».
El abogado ha denunciado además la ausencia de un análisis sobre las consecuencias económicas para familias, pymes y autónomos. «En el expediente ni siquiera está incluido el proyecto completo de la ZBE. No existe un estudio de impacto sobre los sectores más vulnerables, y eso es gravísimo», ha afirmado.
«Una agenda ideológica»
Vox sostiene que la normativa responde a una imposición política y no a una emergencia ambiental real. «Aquí no hay contaminación del aire», ha afirmado Ruiz Ballesteros, citando además declaraciones de responsables municipales que habrían reconocido que la ciudad no presenta niveles alarmantes.
La formación considera que esta política está ligada a «una agenda ideológica» impulsada desde Europa. «Estas políticas radicales vienen de la Agenda 2030, que castiga a las clases medias y a quienes no pueden permitirse un coche de 30.000 euros», ha denunciado.
Ruiz Ballesteros ha recordado que existen precedentes judiciales en otras ciudades. «El Tribunal Supremo anuló la ZBE de Barcelona por falta de justificación y por una pobre ponderación de sus consecuencias. En Málaga ocurre lo mismo: ni el informe medioambiental ni el económico avalan esta medida».
La versión del Ayuntamiento
Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga sostiene que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones responde a una obligación legal derivada de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben adoptar medidas para reducir las emisiones contaminantes. Entre ellas, figura la creación de zonas de bajas emisiones como parte de los planes de movilidad urbana sostenible.
Según la información publicada en su página web, el consistorio aprobó en 2021 su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que incluye la ZBE como herramienta para avanzar hacia un modelo de ciudad más saludable y menos dependiente del vehículo privado. Además, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ayuntamiento solicitó 26 millones de euros en fondos europeos, de los cuales más de 5 millones se destinaron específicamente a este proyecto.
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Además, el Ayuntamiento defiende que la normativa se ajusta a las directivas europeas sobre calidad del aire y transición ecológica. Asimismo, recuerda que la delimitación de la ZBE abarca el centro y su entorno, y que existen excepciones para transporte público, servicios de emergencia, vehículos históricos y determinados servicios esenciales. En palabras del propio consistorio, la medida «busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire», al tiempo que «favorece un modelo de movilidad más sostenible y menos contaminante para los malagueños».
La cuenta atrás para el endurecimiento de las sanciones sigue en marcha y el conflicto entre el Ayuntamiento y la formación política se intensifica. Habrá que esperar a la resolución judicial para averiguar si la ordenanza se mantiene o queda anulada.
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