La detención del conocido como el ‘Dioni de Pino Montano’ ha destapado una de las presuntas estafas más graves que se recuerdan en comunidades de propietarios de Sevilla. La investigación, abierta tras la denuncia de numerosos vecinos, apunta a que el administrador habría concertado préstamos y contratado productos financieros en nombre de distintas comunidades, generando un endeudamiento millonario que ahora amenaza directamente a los propietarios.
La imagen del administrador esposado, regresando bajo custodia policial a su despacho durante el registro, simboliza el alcance de un caso que va mucho más allá de una presunta mala gestión. Según las pesquisas, habría actuado aprovechando su posición de representación legal para firmar operaciones financieras en nombre de las comunidades, una circunstancia que complica ahora la situación jurídica de los afectados.
Un escenario complejo
José Carlos Cutiño, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios en Sevilla, explica la encrucijada a la que se enfrentan los vecinos, “las actuaciones del denominado ‘Dioni de Pino Montano’ han endeudado financieramente a las comunidades en cuyo nombre ha ido presuntamente contratando todo tipo de préstamos y herramientas financieras para la comunidad. Es una situación compleja, ya que estas operaciones están suscritas con la entidad financiera por una persona que en principio se encuentra habilitada para representar a la comunidad”.
Esa es la clave del problema, formalmente, quien firmaba tenía capacidad para hacerlo. De ahí que ahora la discusión no solo se centre en la presunta estafa, sino también en si las entidades financieras actuaron con la diligencia debida. “Evidentemente para pedir préstamos para realizar esas operaciones, pues habrán tenido que aportar algún tipo de documento. La entidad financiera debería de haber exigido una serie de documentos que acreditarán que esa es la voluntad de la comunidad, hasta firmada con el visto bueno de presidentes”, señala Cutiño.
El portavoz añade que “habrá que ver, por lo tanto, hasta qué punto ha podido existir alguna falta de diligencia por parte de las entidades financieras o bien hasta qué punto estaba esto tan bien simulado que el banco hubiera sido también víctima de esta falsedad documental”.
¿Tienen que pagar ahora los vecinos?
Esta es la pregunta que sobrevuela en cada reunión vecinal. Las cuotas podrían dispararse si las comunidades tuvieran que asumir los préstamos suscritos presuntamente sin su consentimiento. Sin embargo, la normativa ofrece una vía de defensa. “La directiva, la Ley de Servicios de Pago, establece que aquellas operaciones que no han sido autorizadas por los titulares pueden y deben de ser reembolsadas por el banco”, recuerda Cutiño. “No tendrían por qué estar obligados frente al banco si se demuestra que tales operaciones se concertaron sin autorización de las comunidades”.
Eso sí, el camino no será automático. “Esto va a conllevar un esfuerzo probatorio”, advierte el portavoz de OCU. Por delante queda un procedimiento penal en el que se deberán dilucidar responsabilidades, determinar si existió falsedad documental y aclarar el papel de las entidades financieras.
A corto plazo, las comunidades afectadas deberán recopilar actas, acuerdos y documentación interna para demostrar que nunca aprobaron los préstamos. Ese material será clave tanto en el procedimiento penal como en posibles reclamaciones civiles o negociaciones con los bancos.
En paralelo, los vecinos podrían iniciar reclamaciones formales ante las entidades financieras solicitando la nulidad de las operaciones y el reembolso de cantidades, apoyándose en la normativa de servicios de pago y en la eventual acreditación de que hubo suplantación o falta de autorización.
Cutiño apunta también a la vía de la negociación: “Lo más lógico sería además negociar con las propias entidades financieras, que deben de ser conscientes de las situaciones que se han producido para tratar de alcanzar acuerdos que impidan que las comunidades se vean injustamente afectadas”.
Más allá del caso penal
Mientras la investigación sigue su curso, el daño ya está hecho: comunidades divididas, cuentas bloqueadas y propietarios que temen tener que asumir deudas que aseguran no haber aprobado jamás.
El proceso será largo. Primero, la vía penal determinará si existió estafa y falsedad documental. Después, o en paralelo, se abrirá la batalla económica: quién asume finalmente los préstamos, si las entidades deben anularlos y si cabe exigir responsabilidades patrimoniales.
Lo que comenzó como la sospecha de algunos vecinos ha acabado en una investigación policial de gran alcance. Ahora, la prioridad para los perjudicados no es solo que se depuren responsabilidades, sino evitar que la presunta actuación delictiva de un administrador termine hipotecando durante años la vida económica de sus comunidades.
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