Un total de 6.935 menores andaluces en situación de vulnerabilidad han participado este verano en las 140 escuelas de verano puestas en marcha por la Junta de Andalucía. El programa, que ha contado con un presupuesto global de cinco millones de euros, se ha consolidado como un recurso clave para apoyar a las familias con dificultades económicas durante los meses de julio y agosto.
En la provincia de Córdoba, la iniciativa ha llegado a 485 niños a través de ocho centros distribuidos en Palma del Río, Baena, Puente Genil y la capital, con una inversión de 300.000 euros. Estos espacios están diseñados para atender a menores de entre 3 y 15 años derivados por los Servicios Sociales Comunitarios.
El objetivo principal de estas escuelas es doble. Por un lado, se busca dar continuidad al apoyo alimentario que muchos de estos niños reciben durante el curso escolar. Por otro, actúan como un «instrumento esencial» para la conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo que los progenitores puedan mantener sus empleos o buscar uno nuevo mientras sus hijos están atendidos.
La Junta destina 93.000 euros a escuelas de verano en Córdoba
Este año, el programa ha reforzado su carácter inclusivo, habilitando más de 300 plazas específicas para menores con necesidades educativas especiales, quienes han recibido atención de profesionales cualificados. Las actividades combinan el refuerzo de materias escolares con talleres sobre hábitos saludables, higiene y ocio.
Gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, estas escuelas se ubican preferentemente en centros educativos de zonas desfavorecidas, identificadas dentro de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social (Eracis). Además de su impacto social, la iniciativa ha generado 891 empleos directos, a los que se suma el empleo indirecto en servicios de limpieza o catering.
La financiación del programa proviene del Plan Corresponsables, una iniciativa del Ministerio de Igualdad para fomentar la conciliación. Sin embargo, un cambio reciente en las condiciones del plan, acordado el pasado 23 de mayo de 2025, obliga ahora a las comunidades autónomas a cofinanciar al menos un 25% del coste.
Ante esta nueva exigencia y sin una partida presupuestaria prevista para ello, la Consejería de Inclusión Social ha movilizado 1,3 millones de euros de fondos propios para garantizar la continuidad del proyecto, cubriendo una cantidad superior a la requerida. Los 3,7 millones restantes proceden de los fondos del plan estatal.
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