Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias han convocado una concentración este miércoles, 25 de junio, a las 11,00 horas, en el Bulevar Gran Capitán de la capital cordobesa por la supervivencia del campo ante la actual situación «muy compleja para todos los sectores productivos de Córdoba debido a la falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos, a los altos costes de los ‘inputs’ necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales».
Asimismo, han advertido de «una reforma de la PAC que exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva, la falta de reciprocidad con las importaciones y una Ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector». «Y, sobre todo, ante la amenaza que supone la futura PAC y el presupuesto de la UE para 2028-2032 que se presentará el 18 de julio en Bruselas», han subrayado.
Así lo han expuesto en una reciente rueda de prensa el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell; el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta; la secretaria general de COAG, Carmen Quintero, y el secretario general de UPA, Francisco Moreno, remarcando que «el motivo de esta protesta es la defensa del sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones un apoyo firme a todos los niveles, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en la provincia».
Al respecto, han apuntado que se trata de «una actividad cuyo futuro está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtenemos los productores», de ahí que hayan exigido «dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia de un mundo rural y que contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigamos el cambio climático al ser sumideros netos de CO2».
En este sentido, los temas fundamentales y las peticiones más destacadas se centran en la defensa de una PAC «fuerte y bien financiada», después de que enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando «un compromiso claro con la defensa de un Marco Financiero Plurianual potente, que asegurase los fondos de la PAC de cara a la próxima reforma, manteniendo el fondo específico actual y defendiendo el ‘statu quo'», pero «hasta la fecha, no se ha recibido contestación alguna por parte del presidente».
Reclaman «precios justos»
Igualmente, las organizaciones agrarias han pedido «adaptar los objetivos medioambientales del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor», enfatizando que «el factor humano es clave para avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental»; así como «precios justos», dado que «no es aceptable la situación actual de los precios de los cereales y del aceite de oliva».
«Es imposible que la Ley de la Cadena Alimentaria funcione sin que se prohíban las importaciones con menores exigencias que a los productos comunitarios», han señalado, para apostillar que «el Ministerio debe fijar los precios mínimos de los productos debiendo indemnizar por el valor de los productos en caso de no alcanzarse dichos precios mínimos».
Asimismo, han manifestado que «el Gobierno debe apostar de forma decidida por una nueva política hidráulica y con inversiones en infraestructuras», después de que «en estos últimos años hemos vivido una situación muy compleja debido al déficit hídrico por la falta de lluvias, la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas y la falta de inversiones en infraestructuras durante décadas, que impide que, cuando llueve, esa agua pueda ser almacenada para utilizarla en épocas de escasez».
Como dato, han expuesto que «aunque las lluvias del último año han mejorado la situación, no podemos olvidar lo que ha pasado y los agravios históricos con la provincia», dado que «Córdoba es la provincia de la cuenca del Guadalquivir que más agua almacena (un 49,55%) y la que menos riegos tiene (sólo un 16,83%)», a la vez que «es la provincia que menos porcentaje de olivar en riego tiene en esta cuenca (sólo un 14,39%) a pesar de ser la segunda en superficie de olivar».
En este contexto, han exigido «garantías en el acceso al agua, aumento de los regadíos en Córdoba, inversiones en infraestructuras y un reparto equitativo de los recursos hídricos entre los territorios españoles, que no implica quitar agua a nadie, sino la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional», entre otros aspectos.
Competir con las mismas reglas y la mano de obra
También, han reclamado «impulsar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales firmados por la UE», con el fin de «competir con nuestros productos en los mercados internacionales con las mismas reglas de juego que los productos extracomunitarios en materia ambiental y social, garantizando así la competitividad de los agricultores y la salud de los consumidores».
Por otro lado, han declarado que «hay que asegurar un control efectivo y un respeto real de las importaciones con las normas comunitarias», tras observar que «en muchas ocasiones no se respetan los contingentes acordados, ni se activan los mecanismos necesarios cuando se detectan alertas sanitarias en frontera».
Además, han pedido «soluciones a la falta de mano de obra», con «una reforma laboral adaptada a la realidad de la actividad agrícola y ganadera», avisando de que «la falta de mano de obra es uno de los principales problemas del campo». Por ello, comparten «la preocupación expresada en el convenio del campo de Córdoba y firmada también por los sindicatos UGT y CCOO en 2024».
Al hilo, han recordado que «se comprometieron a aportar soluciones a las administraciones competentes para que la normativa laboral y social prime el empleo, favoreciendo y adoptando medidas que ayuden a salir del desempleo a las personas trabajadoras que se encuentren en esa situación». Para ello, «realizarán un análisis y reflexión de cómo evitar que haya muchas personas inscritas como desempleados y, sin embargo, haya importantes necesidades de mano de obra que no pueden cubrirse», así como «facilitar y ayudar a las administraciones competentes para la autorización de contingentes de trabajadores extranjeros».
En relación a la normativa laboral, han indicado que «debe contemplar las particularidades del empleo agrario, que es de carácter temporal porque las campañas son limitadas en el tiempo, pero eso no significa precariedad laboral», a la vez que han exigido «un estudio profundo y de fondo referido tanto a la mano de obra como a las cargas sociales, y también coherencia y cooperación entre los diferentes ministerios activos en la materia, trabajo, migraciones e interior».
Y han solicitado «la eliminación de burocracia y simplificación real de la PAC», porque «la agricultura y la ganadería ya están a la vanguardia en métodos respetuosos con el medio ambiente, como son la producción integrada, la ecológica, el control biológico de plagas o la mejora de semillas que requieren menos tratamientos», pero «el exceso de burocracia injustificado que traen las normativas de la PAC asfixia a los agricultores y ganaderos, que deben estar más centrados en tareas administrativas que en producir alimentos», han expresado.